Por orden del presidente Rodrigo Duterte, Filipinas abandonó ayer la Corte Penal Internacional (CPI), decisión que preocupa a defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de la guerra contra las drogas, que temen que los abusos de esa campaña queden impunes.
Pocas semanas después de que la CPI iniciara un examen preliminar sobre las "ejecuciones extrajudiciales" en esa operación impulsada por Duterte, el Mandatario anunció en marzo del año pasado que retiraba a Filipinas del Estatuto de Roma que constituyó ese tribunal de La Haya, decisión que ayer se concretó.
El examen preliminar "está todavía abierto y en desarrollo", dijo el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, quien sin embargo recordó que depende de la Fiscalía evaluar "si hay base legal para abrir una investigación".
