Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50% en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.

Así lo consigna el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, divulgado ayer martes, según el cual el 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia porque fueron asesinados 155 de ellos, lo que supone un 46.2% más que los 106 documentados en 2017.

Las cifras se corresponden con los registros del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), creado por la ONG para documentar los ataques contra activistas en el país.

En ellas detalló que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.

El informe también critica que la Fiscalía General de Colombia asegure que hay un "esclarecimiento histórico" en las investigaciones de los asesinatos de líderes, cuando en realidad no es así.

"Desde los años 80, el movimiento de derechos humanos colombiano ha luchado para que el Estado supere los índices de impunidad en relación con los asesinatos de defensores de derechos humanos, la cual ha gravitado históricamente en un 95%", recoge el informe.

Al respecto, Alirio Uribe, abogado y defensor de derechos humanos, carga contra la Fiscalía y considera que "es insuficiente lo que está haciendo (esa entidad) a pesar de que tiene una delegada para la seguridad ciudadana".

Esos resultados "siguen siendo precarios", manifestó Uribe, quien insistió en que "más del 90% de los casos están en la impunidad".

Los datos del informe divulgado ayer apuntan en esa dirección pues revelan que la impunidad es un común denominador en estos crímenes ya que no sólo no se castiga a los responsables sino que en la mayoría de los casos tampoco se esclarece la autoría.

En 111 de los 155 homicidios documentados el año pasado los presuntos responsables son desconocidos, lo que equivale al 72% del total, es decir que sólo en uno de cuatro casos las autoridades logran saber quién está detrás del crimen.

En el resto, grupos herederos de los paramilitares fueron señalados como autores en 16 casos (10%), mientras que 12 fueron atribuidos a disidentes de las FARC (8%), otros nueve fueron asesinados por la guerrilla ELN (5%), y siete por la fuerza pública (5%).

En ese sentido, el activista subrayó que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, "maquilla" las cifras sobre resultados de las investigaciones y las utiliza mediáticamente "como una especie de campaña política" para, según dijo, mostrar más casos esclarecidos que los reales.

La coordinadora del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez, considera que el Estado y el Gobierno colombiano "no están asumiendo" las responsabilidades para erradicar de raíz el problema.

"En Colombia el problema del asesinato de personas defensoras de derechos humanos no es coyuntural (...) es un problema estructural, es una violencia estructural donde el Estado y los Gobiernos nacionales tienen mucho que hacer pero en realidad no lo han asumido", afirmó Sánchez.

Somos Defensores desglosa que los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).

De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales.

No escaparon a esta situación los afrocolombianos pues seis de ellos fueron asesinados, al igual que tres activistas que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno de la comunidad LGTBI.