El expresidente brasileño Michel Temer, de 78 años, se entregó ayer a la Policía y permanecerá en prisión por sospechas de corrupción tras la revocación de su hábeas corpus, dictada el miércoles por un tribunal de segunda instancia.
Temer, que el 1 de enero le entregó la banda presidencial a Jair Bolsonaro, llegó a pasar cuatro días en la cárcel el pasado mes de marzo tras la orden de un juez federal, pero consiguió la libertad gracias a un hábeas corpus concedido por un magistrado de segunda instancia.
El caso, sin embargo, fue analizado la víspera por el Tribunal Regional de la Segunda Región (TRF-2) y el órgano colegiado determinó por dos votos a uno su reingreso en prisión de forma preventiva, aunque su defensa ya solicitó un nuevo hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de tercera instancia.
El pedido de libertad será juzgado el próximo martes por el TSJ, según confirmó el abogado de Temer, Eduardo Carnelós, quien calificó la prisión de su cliente de "ilegal, injusta y cruel".
El exjefe de Estado, quien asumió el poder en 2016, durante el proceso de destitución de Dilma Rousseff, fue acusado por la Fiscalía de beneficiarse de sobornos recibidos por diversas empresas y de dirigir una organización delictiva que desvió cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años.
En este caso, las investigaciones señalan que Temer lideró el grupo que negoció sobornos por más de 1 millón de reales (unos 253 mil dólares) durante las obras de la central nuclear de Angra 3, situada en el estado de Río de Janeiro.
La investigación está vinculada a la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que ha mandado a prisión a algunos de los políticos más importantes e influyentes del país, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien el pasado abril cumplió un año entre rejas tras ser condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Al igual que Lula, Temer, el segundo expresidente de la historia de Brasil detenido por corrupción, niega vehemente todas las acusaciones y argumenta ser víctima de una persecución política.
El cerco judicial contra el dirigente del partido del Movimiento Democrático Brasileño (centroderecha) se intensificó desde que el exmandatario dejó el poder, el pasado 1 de enero, momento en el que perdió el fuero privilegiado.
