La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó ayer al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a terminar con "las graves vulneraciones de derechos" en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michelle Bachelet.

El informe, que hoy, viernes, presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones pusieron en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como "colectivos", y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

A principios de esta semana Bachelet pidió una investigación "independiente, imparcial y transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

El informe indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, "son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", subraya el informe, que destaca que "quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos".

Según el chavismo, el "informe está distorsionado"

El Gobierno de Nicolás Maduro dijo ayer que el informe de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y del cual ya se conoce una versión avanzada, tiene una visión "distorsionada" de Venezuela y omite "los logros" del chavismo en esta materia.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en Venezuela, dijo el Gobierno en una larga respuesta, con 70 observaciones.

En su respuesta, el Gobierno siembra dudas sobre la objetividad de la mayoría de estas entrevistas, al apuntar que el 82% de estas se realizaron fuera de Venezuela, pese a que la ONU realizó dos visitas al país, una de ellas encabezada por la propia Bachelet.

Venezuela también lamenta que el informe de Bachelet omita "en su totalidad los logros y avances alcanzados" por el chavismo.

"No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos", insistió el Gobierno.