El Gobierno de Filipinas aseguró que tendrá "consecuencias de largo alcance" la resolución aprobada ayer por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abrir una investigación sobre los abusos de la guerra contra las drogas.
"No toleraremos ninguna forma de falta de respeto o actos de mala fe", amenazó en un comunicado el ministro filipino de Asuntos Exteriores, Teodoro Locsin, que acusó a los 18 países que votaron a favor de ser los "peores enemigos" o "falsos amigos" de Filipinas.
Locsin señaló que la resolución no fue "adoptada universalmente", por lo que su validez es "altamente cuestionable".
La resolución, propuesta por Islandia y respaldada principalmente por los países europeos y latinoamericanos, pide a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que su oficina haga seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto para junio de 2020.
La tasa de asesinatos se disparó en Filipinas en los tres años de mandato del presidente Rodrigo Duterte, que impulsó una dura campaña contra las drogas que supera los 27 mil muertos, muchos de los cuales se sospecha que cayeron en ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía.
