La ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.
"Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades", dijo la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, al presentar información actualizada sobre la situación en Venezuela.
En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet formuló denuncias contra cuerpos de las fuerzas de seguridad por abusos que están bien documentados, pero también reconoció que el gobierno ha hecho últimamente ciertas concesiones a su organismo.
Mencionó que un equipo de su oficina –cuyo tamaño no precisó– pudo volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.
También reconoció que, tal como se lo había prometido, el gobierno excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.
Las críticas de Bachelet fueron, sin embargo, mucho más numerosas e incluyeron denuncias sobre "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".
Lamentó igualmente que el Gobierno venezolano no haya evidenciado ninguna voluntad de atender su solicitud de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, a la que se atribuyen ejecuciones extrajudiciales, y que en lugar de ello haya optado por reafirmarle públicamente su apoyo.
El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó el contenido del nuevo informe y la acusó de "ensañamiento".
"No nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear", aseguró en rueda de prensa Cabello, quien reiteró la tesis oficial de que el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país fue elaborado por el enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump, Elliot Abrams, y que, en todo caso, Bachelet "lo firmó".
