Senado de Brasil aprueba reforma de las pensiones
El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro dio eayer un primer gran paso en sus planes para ordenar la maltrecha economía del país, con la aprobación en el Senado de una polémica reforma del sistema de jubilaciones.
El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro dio eayer un primer gran paso en sus planes para ordenar la maltrecha economía del país, con la aprobación en el Senado de una polémica reforma del sistema de jubilaciones.
El proyecto, aprobado definitivamente en una segunda votación en el Senado por una amplia mayoría de 60 votos a favor y 19 en contra, es hasta ahora la única propuesta de calado presentada por el líder de la ultraderecha brasileña para intentar enderezar una economía que aún no supera la aguda crisis que sufrió entre 2015 y 2016.
Pese a las polémicas que generó la propuesta, resistida con uñas y dientes por sindicatos y la hoy minoritaria oposición progresista, el proyecto fue aprobado con holgura en un Parlamento de un talante claramente liberal, alineado con las ideas económicas de Bolsonaro.
La reforma plantea una meta de ahorro que se calcula cercana a 870.000 millones de reales (unos 217.500 millones de dólares) en un plazo de diez años, con lo que el Gobierno pretende poner fin a un crónico déficit fiscal en el que identifica muchas de las trabas que impiden el definitivo despegue de la economía nacional.
Para alcanzar esa meta, la reforma establece una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era un requisito en Brasil, y que pasará a ser de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres.
También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social de 15 años para las mujeres y de 20 años para los hombres que aspiren a la jubilación, entre muchas otras normas que la izquierda ha denunciado como una "eliminación de derechos" que los brasileños habían adquirido a lo largo de décadas.
La propuesta original apuntaba a un ahorro fiscal de al menos un billón de reales (unos 250.000 millones de dólares), pero diversas alteraciones impuestas durante el trámite parlamentario redujeron esa cifra, aunque el Gobierno considera, de todos modos, que se trata de una reforma fundamental para ordenar las cuentas públicas.