Una muy polémica decisión adoptada ayer por la Corte Suprema de Brasil le abrió las puertas de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a miles de presos con apelaciones pendientes, con un impredecible impacto político.

En un ajustadísimo fallo, definido apenas por un voto (6-5), el Supremo anuló una jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la cual había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.

Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el "tránsito en juzgado" ("cosa juzgada" en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.