Argentina se propone implementar una ley anticrisis económica

La Cámara de Diputados de Argentina avanzó ayer hacia la aprobación de una ley, impulsada por el recién asumido Gobierno del peronista Alberto Fernández, que busca declarar la "emergencia pública" en materia económica, fiscal o social y afrontar la grave recesión que arrastra el país desde 2018.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva –el primero que manda al Congreso el Ejecutivo de Fernández tras asumir el 10 de diciembre– incluye medidas como diversas alzas de impuestos y de aranceles de exportación de productos agrícolas, modificaciones en el ajuste de las jubilaciones y la delegación al Gobierno de diversas facultades legislativas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los diputados del oficialista Frente de Todos comenzaron a exponer su defensa del proyecto y los legisladores de la oposición plantearon los pros y los contras del texto, que, en caso de que sea aprobado, pasará después al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva.

Hasta el último momento hubo dudas de si el peronismo lograría los votos para abrir el debate, ya que el bloque de Juntos por el Cambio, que hasta hace 10 días gobernaba el país, había adelantado que no avalaría la sesión al considerar que Argentina no está en una situación tan grave y por no querer darle al Ejecutivo facultades especiales, así como por considerar que el proyecto perjudica a la clase media, su principal granero de sus votos.

Poco antes del comienzo del pleno, el presidente Fernández adelantó en Twitter que si bien su partido cuenta "con los votos necesarios" para aprobar el proyecto en su "actual versión", le sugirió al presidente de su grupo parlamentario, Máximo Kirchner, "mejorar la ley".

"Propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas", señaló, para reiterar que a su Gobierno solo le importa que la "solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal".

Uno de los principales desafíos para el Gobierno de Fernández es encarar las negociaciones con los acreedores para el pago de la alta deuda pública, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 aprobó un préstamo de 56.300 millones de dólares de los que ya se desembolsaron unos 44 mil.