Colombia comienza el año con hechos de violencia política
Paramilitares toman un caserío y un exguerrillero de las FARC es asesinado
La violencia del conflicto armado no da tregua en Colombia, que comenzó el año con el confinamiento por parte de paramilitares de los habitantes de un caserío de Bojayá, en el oeste del país, y el asesinato de un exguerrillero de las FARC en el departamento del Cauca.
El defensor del pueblo del departamento del Chocó, Luis Murillo, confirmó que los moradores del caserío de Pogue –que hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado– están confinados en ese caserío por la presencia de hombres armados de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
"Fuimos informados el 31 de diciembre de la incursión de un grupo armado ilegal en ese corregimiento de Bojayá, que está a tres horas de la cabecera municipal por vía fluvial. El grupo que habría ingresado allí es el de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia", detalló Murillo.
La llegada de los hombres armados impide la libre movilización de los habitantes de Pogue, situado en una de las márgenes del río Bojayá, en el selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
Mientras tanto en Guapi, en el Cauca, el desmovilizado de las FARC Benjamín Banguera Rosales fue tiroteado y se convirtió así en el primer exguerrillero asesinado en 2020 tras un 2019 que fue "el año más violento" para los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno.
El senador del partido FARC, Pablo Catatumbo Torres, dijo en sus redes sociales que el desmovilizado fue asesinado el 1 de enero e hizo un "un llamado para que se refuercen las medidas de protección hacia los firmantes de la paz".
En 2019 fueron asesinados 77 exguerrilleros, según el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado el 31 de diciembre.
La Misión de Verificación de la ONU presentó el pasado martes en Bogotá un informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz en el que advierte que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia, entre ellas el Chocó, "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".