Gobierno: En 11 años, el MAS confiscó casi $us 3.000 millones destinados a salud y educación
El Ministro de Economía denunció que la Ley 767 de 2015 fue utilizada como una medida política para dejar sin dinero a municipios, gobernaciones y universidades
El ministro de Economía José Luis Parada. Foto: Captura de video Para el ministro de Economía, José Luis Parada, el anuncio de la inversión en proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, sirvieron de argumento al Gobierno del MAS para confiscar en 11 años casi 3.000 millones de dólares a los municipios, gobernaciones y universidades. Estos recursos debían ser destinados a salud y educación.
“La presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley que permite la devolución del 40% de recursos que serán invertidos en la lucha contra el covid-19. Se ha realizado la devolución de estos recursos a universidades, municipios y gobernaciones para cubrir parte de los ingresos y confiscaciones que fueron realizados tanto por el candidato Arce Catacora, como ex Ministro y el Gobierno del MAS, en más de 11 años”, dijo Parada tras la promulgación de la Ley que devuelve el 12% del IDH.
La autoridad recordó que la Ley 767 del 11 de diciembre de 2015, autorizó la creación de un Fondo de Explotación y Exploración Hidrocarburífera confiscando el 12% de recursos del IDH a universidades, municipios y gobernaciones.
“Estos recursos que se destinaban en su mayor parte a salud y educación, después de 5 años que no fueron utilizados, se conservan en una cuenta del Banco Central de Bolivia, lo que demuestra que la Ley 767 fue una medida política para dejar sin dinero a las entidades territoriales autónomas”, reveló Parada, según un boletín institucinal.
La autoridad dijo que no es la única confiscación del exministro de Economía y actual candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, para dejar sin recursos a las Entidades Territoriales Autónomas, toda vez que desde 2008, mediante Decreto Supremo y Ley expresa, realizó una confiscación de este Fondo de casi 3.000 millones de dólares.
La Ley establece que los recursos deben ser desembolsados en el plazo máximo de 15 días calendario, a partir de la promulgación de la normativa y será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien fiscalice la ejecución de los recursos asignados a la lucha contra del covid-19.
