El Congreso de Chile aprobó este jueves en forma definitiva una ley que permite el retiro de hasta 10% de los fondos privados de pensiones, quedando lista para ser promulgada por el gobierno, que recibió una dura derrota política. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera anunció que aprobará la norma.

La norma, impulsada por la oposición debido a la demora del gobierno de Piñera para entregar ayuda en medio de la crisis por la semiparalización que causó la pandemia de coronavirus, fue aprobada por 116 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones en la votación final en la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo.

Desplegando banderas y entonando el himno nacional, varios diputados celebraron en el Congreso una votación impensada hace cuatro meses, menos aún con el apoyo de parlamentarios de la derecha chilena.

DURO GOLPE AL GOBIERNO

El gobierno tiene la posibilidad de vetar la ley o enviarla al Tribunal Constitucional para su revisión en un último intento por evitar su entrada en vigencia, pero Piñera anunció su promulgación para este viernes.

"La decisión del presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad –dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas– de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas", señala un comunicado de la Presidencia chilena divulgado el jueves al final de la tarde y horas después de una aprobación en el Congreso histórica y contundente.

Las encuentas muestran que más de un 80% de la población apoya el retiro anticipado de los fondos como forma de paliar la merma en los ingresos que para grandes sectores significaron más de cuatro meses de pandemia, sobre todo en las clases medias, donde hasta ahora no se concretó ninguna ayuda oficial de las anunciadas por el presidente Piñera.

Piñera intentó sin éxito convencer a los parlamentarios de su coalición de oponerse a la iniciativa, mejorando su propuesta de medidas para la clase media con un bono de 630 dólares y un crédito blando de 1.900 dólares que se discute todavía en el Congreso.

PRIMER PASO DE REFORMA

La ley aprobada permite a los 10,9 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), retirar hasta un máximo de 4,3 millones de pesos (5.400 dólares) y un mínimo de un millón de pesos (1.250 dólares) de sus fondos de pensión. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de su fondo.

Se calcula que el retiro promedio rondaría los 1.600 dólares.

La normativa estableció que el retiro quedará exento del pago de impuesto. La mitad de los fondos se entregarán en un máximo de 10 días desde que se presente la solicitud y el resto en otros 30 días, con un plazo máximo de un año para concretar la operación.

Si bien es una medida excepcional representa la primera gran transformación de este sistema privado instaurado 1981, pionero en establecer la capitalización jubilatoria absolutamente individual y que se convirtió en uno de los motores del sistema económico chileno. 

Pero a punto de cumplir 40 años de funcionamiento, el sistema es fuertemente cuestionado por las bajísimas pensiones que entrega y por incumplir su promesa de igualar para el año 2020 el último salario del trabajador, pese a que ha logrado acumular 200.977 millones de dólares, equivalentes al 80% del PIB chileno.

A junio, el sistema entregó una pensión promedio de 195.000 pesos (250 dólares), casi 40% por debajo del salario mínimo.

Estimaciones oficiales cifran entre 17.000 y 20.000 millones de dólares el máximo que podría salir del sistema una vez que se concrete la ley de retiro, que tendría un impacto en el monto futuro mensual de las pensiones de entre un 5 y un 10%.