El deterioro en la seguridad, que afecta de manera “desproporcionada” a los indígenas y afrocolombianos en algunas regiones de Colombia, es un “desafío considerable” para los Acuerdos de Paz, alertó ayer la ONU en el Consejo de Seguridad.
El máximo órgano de la ONU para la paz y la seguridad examinó el informe trimestral presentado por el secretario general, Antonio Guterres, y elaborado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que se convirtió en un llamado de atención sobre los desafíos que complican la implementación de los Acuerdos de Paz firmados hace casi 5 años con la guerrilla de las FARC-EP.
En plena recta final del gobierno del presidente Iván Duque, el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, alertó de que a la luz “de las enormes amenazas” que enfrentan las regiones sometidas a una violencia “desproporcionada”, el gobierno y las instituciones estatales deben hacer “mejor uso de los mecanismos” contenidos en el propio acuerdo.
Entre ellos, la protección de los combatientes que depusieron las armas. Al menos 296 de ellos fueron asesinados por grupos ilegales y organizaciones criminales, recordó Massieu. La última víctima fue María Steffanía Muñoz.
Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió información del asesinato de 43 defensores derechos humanos.
Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, disidencias de las FARC; el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco de origen paramilitar alimentan una nueva ola de violencia.
