El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó ayer una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que Washington considera una “dictadura” contra la cual aplicará todo el peso legal y diplomático disponible.
Biden sancionó la “Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021”, más conocida como Ley RENACER por sus siglas en inglés, “la cual impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega”, informó la Casa Blanca, destacando que permite “restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen”.
En un comunicado, el Ejecutivo agradeció el “liderazgo” de los legisladores que impulsaron la iniciativa, aprobada la semana pasada con amplio apoyo bipartidista.
Entre ellos están Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, y el también demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, además de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz.
Asimismo aparecen el congresista demócrata Albio Sires, y su colega republicana María Elvira Salazar, cuyo exmarido, Arturo Cruz, es uno de los siete aspirantes presidenciales detenidos.
Por su parte, Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda impulsaron un proyecto de resolución sobre “la situación en Nicaragua” para ser debatido durante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), inaugurada ayer.
Con el antecedente inmediato de las elecciones en Nicaragua, el proyecto fue presentado en nombre de la delegación de Canadá y de los otros siete países para pedir al Consejo Permanente que haga “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.
Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.
Sin embargo, podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”.
En junio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21.
DETENIDOS
Desde junio, las autoridades nicaragüenses ilegalizaron a tres partidos y detuvieron a 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas. Se suman a los 120 opositores presos que quedan desde las protestas que en 2018 pidieron la dimisión de Ortega y que se saldaron con cientos de muertos.
