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Juez de suprema corte de Brasil revierte bloqueo de Telegram

"Revoco la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil", comunicó el juez Alexandre de Moraes

El logotipo del servicio de llamadas y mensajes móviles Telegram. AFP

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que había ordenado suspender la aplicación de mensajes Telegram revirtió este domingo su propia decisión, después que la compañía cumpliera las órdenes judiciales que motivaron el bloqueo.

"Considerando que se atendieron integralmente" las solicitudes del tribunal, "revoco la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil", escribió el juez Alexandre de Moraes en un documento divulgado por el STF.

La decisión de bloquear la plataforma en todo el país, publicada el viernes, no llegó a ponerse en práctica y Telegram continuó funcionando normalmente durante el fin de semana.

Tras el anuncio de la suspensión, el fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, pidió disculpas a la corte suprema y dijo que los incumplimientos que motivaron el bloqueo se debieron a un "problema de comunicación" por e-mails traspapelados, pidiendo más tiempo para atender las órdenes judiciales y evitar el bloqueo.

El sábado, el juez otorgó 24 horas más para que la empresa cumpliera con todos los pedidos, entre ellos designar un representante legal en Brasil, remover ciertas publicaciones y perfiles y detallar ante la justicia qué medidas toma para combatir la desinformación.

Pieza clave en la estrategia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre, Telegram, que tiene sede en Dubai, está instalada en el 53% de los celulares brasileños y es la plataforma que más crece en el país, según el Tribunal Superior Electoral.

La aplicación, que ha sido objeto de prohibición o restricciones en varios países como India y Rusia, llevaba tiempo en la mira de las autoridades judiciales brasileñas, especialmente molestas con el hecho de que la compañía no tuviera representación legal en Brasil y no respondiera a sus demandas para evitar una avalancha de desinformación en las próximas elecciones, como la que sacudió la campaña electoral de 2018.

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