Tribunal argentino difunde argumentos de fallo que proscribe a Cristina Fernández: “actuó en detrimento del Estado”

La justicia argentina difundió este jueves los fundamentos de la condena por corrupción que proscribió a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, quien durante su anterior mandato (2007-2015) “actuó en detrimento del Estado”. Desde Gobierno se pronunciaron y aseguraron que no hay "prueba concreta" en el presente caso.

“La inconmensurable conveniencia económica que representaba para la expresidenta contratar con quien fuera el principal constructor de obra pública vial en (la provincia de) Santa Cruz durante su mandato, terminó orientando el accionar de la administración en favor de su persona y en detrimento del Estado, a múltiples niveles más allá del exorbitante perjuicio económico”, señaló el Tribunal Oral Federal Número 2.

El pasado 6 de diciembre, la justicia condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública porque consideró que es una de las autoras del delito investigado.

En un texto de 1.616 páginas, especificó que la vicepresidenta tuvo una "intervención fundamental" en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de ella misma.

La resolución hace referencia al "tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida", al "ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución" y al "poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan".

También al "interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos".

Todo eso constituye "la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho", explicó.

El tribunal detalló la "colosal extensión del daño causado", ya que perjudicó al erario en un "monto estrafalario" de 84.835,2 millones de pesos al 6 de diciembre de 2022 (424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

"Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país", agregó el tribunal, para luego indicar que se trató de "un grave hecho de corrupción sin precedentes".

Resaltó, además, "la inusitada prolongación en el tiempo", desde la creación de la empresa Austral Construcciones, el 8 de mayo de 2003, hasta la decisión de despedir al personal contratado y abandonar las obras viales en curso, el 30 de noviembre de 2015.

Y dijo que esas fechas "estuvieron directamente determinadas por los resultados antagónicos de dos procesos electorales", cuando Néstor Kirchner inició su presidencia y Cristina Fernández terminó su segundo mandato.

Tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones. Y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.

EL GOBIERNO REACCIONA

Por su parte, el Gobierno argentino cuestionó los fundamentos de la condena judicial a la vicepresidenta Fernández, al considerar que la también expresidenta (2007-2015) fue “metida” en la causa sin “ninguna prueba concreta”, con un argumento que no “no tiene pies ni cabeza”.

“Esta causa no tiene ni pies ni cabeza, la vicepresidenta ha sido traída para ser metida en esta causa en la que no tiene ningún tipo de relación”, dijo la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa.

Cerruti agregó que “en varias oportunidades de los fundamentos de la causa, queda claro que no hay ninguna prueba. El Tribunal dice que ‘ante la duda’ o ‘se supone qué’ sin presentar ninguna prueba concreta”.

“El presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y uno de nuestros temas centrales es defender su inocencia”, indicó la portavoz.

Para el Ejecutivo, se trata de una “causa armada” para perseguir e inhabilitar a Fernández en el ejercicio de funciones políticas y para aleccionar a otros que intenten tomar medidas a favor de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.