La novena jornada de protestas en Francia contra la reforma de las pensiones impuesta por el presidente liberal Emmanuel Macron volvió a movilizar a más de un millón de personas y concluyó con disturbios que dejaron 123 policías heridos y 80 detenidos.
La decisión de Macron de imponer por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 recrudeció hace una semana la contestación, que entró en una nueva fase con protestas espontáneas cada noche.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció el jueves por la noche 123 agentes heridos y 80 detenciones, mientras los disturbios continuaban y se propagaban por el centro de París.
“La responsabilidad de la situación explosiva no recae sobre las organizaciones sindicales, sino sobre el gobierno”, advirtieron los sindicatos, que convocaron a nuevas movilizaciones el próximo martes.
La nueva jornada coincidirá con una visita del rey Carlos III de Inglaterra a Burdeos (suroeste), donde los disturbios provocaron el jueves por la noche un incendio en la fachada de la alcaldía, según los medios locales.
Los sindicatos ya habían alertado por carta a Macron de la explosiva situación del país.
El líder de la central gremial CGT, Philippe Martinez, acusó el jueves al mandatario de “echar un bidón de gasolina al fuego” con su polémica entrevista de la víspera.
El mandatario dijo en esa ocasión asumir la “impopularidad” de una reforma que quiere en vigor “para finales de año” por el “interés general” y cargó contra sindicatos, oposición y contra los manifestantes más radicales, a los que comparó con “sediciosos”.
CRÍTICAS
Las pancartas contra la reforma de las primeras marchas dieron paso a las críticas contra el presidente. “¿Macron has perdido la cabeza?”, preguntaba un cartel en París, acompañado del dibujo de una guillotina.
El jefe de la central sindical CFDT, Laurent Berger, había pedido “acciones no violentas” para no perder el apoyo de la opinión pública. No obstante, un 70% de los franceses responsabiliza al gobierno de la violencia, según un sondeo realizado este jueves por el instituto Odoxa.
“Manifestar y expresar desacuerdos es un derecho. La violencia y los daños que hemos visto hoy son inaceptables”, tuiteó la primera ministra Élisabeth Borne, quien expresó su “reconocimiento a las fuerzas de seguridad” movilizadas.
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