ONU acusa a El Salvador de arrestos “arbitrarios"
Unos 65.000 fueron detenidos desde marzo de 2022 en régimen de excepción
SEGURIDAD. Los detenidos por las fuerzas del orden en El Salvador. La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció “detenciones arbitrarias” en El Salvador y expresó su preocupación por la situación de derechos humanos en el país de América Central.
Coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de las medidas excepcionales, contempladas inicialmente para un mes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha vuelto a poner en cuestión los efectos colaterales de régimen que ya ha dejado al menos 65.000 detenidos.
La ONU entiende que la inseguridad implica para El Salvador “grandes retos”, pero ha advertido por boca de una portavoz, Marta Hurtado, de que cualquier medida que se adopte contra los grupos armados debe ser respetuosa con los Derechos Humanos, algo que no siempre se estaría dando.
“Pasó ya un año desde que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, un año en el que las autoridades han tomado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos», declaró Hurtado. “Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de proporcionar seguridad, sin embargo, es el deber del Estado hacerlo en el marco del derecho internacional de derechos humanos”, complementó.
A un año
Desde que El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción, 65.000 personas resultaron detenidas sin un mandato de arresto.
“Algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de niños, equivalen a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en investigaciones mal documentadas y en burdos perfiles basados en el aspecto físico o el origen social de los detenidos”, denunció Hurtado.
La portavoz destacó que “las condiciones en los centros de detención, a menudo sobrepoblados, son motivo de gran preocupación”.
Dijo que la ONU recibió denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, como el aislamiento prolongado, la falta de atención médica y otras formas de malos tratos. “Es especialmente preocupante que 90 personas murieron en detención desde que entró en vigor el estado de excepción, se dispone de escasa información sobre el progreso de las investigaciones sobre estas muertes”, afirmó.
Naciones Unidas ha recordado al Gobierno de Nayib Bukele que todo Estado tiene “el deber de proteger las vidas de los individuos privados de libertad”, y a permitir que la institución nacional que supervisa los Derechos Humanos, que acumula ya 7.900 quejas, pueda examinar de forma “regular” e “independiente” la situación de las cárceles.
LA REACCIÓN
El presidente de El Salvador Nayib Bukele ayer martes ha prometido en sus redes sociales que seguirá “trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONG de 'derechos humanos'”.
