Organizaciones en favor de los derechos humanos calificaron de “escandalosa e inaceptable” la ejecución este miércoles en Singapur de un condenado por su tentativa de traficar 1 kilogramo de marihuana.
Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), calificó la ejecución de “escandalosa e inaceptable” y mostró su preocupación por lo que cataloga como “una ola renovada para vaciar el corredor de la muerte” de Singapur.
“El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen del Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo”, remarcó Robertson.
Por su parte, el director regional adjunto de Amnistía Internacional (AI), Ming Yu Hah, aseguró en un comunicado que “esta ejecución muestra una vez más el absoluto fracaso de la obstinada adopción de la pena de muerte por parte de Singapur”.
El singapurense Tangaraju Suppiah fue ejecutado al alba mediante la horca en la prisión isleña de Changi, confirmó hoy a EFE Kokila Annamalai, portavoz de la oenegé Transformative Justice Collective, que aboga por la derogación de la pena capital en el país asiático.
El caso de Tangaraju ha acaparado la atención no solo por ser un delito de tentativa de tráfico de marihuana, cuyo uso medicinal se legaliza en cada vez más países, entre ellos Tailandia, sino también por las supuestas irregularidades del proceso, denunciadas por sus familiares y oenegés.
Tangaraju y sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio, en el que fue condenado a muerte en 2017 por “ser cómplice en una conspiración para traficar” 1 kilo de marihuana de Malasia a Singapur en 2013.
Tanto los representantes de AI como HRW cuestionan las leyes y el citado proceso judicial.
“La ley de control de drogas altamente represiva del país incluye la pena de muerte obligatoria, lo que significa que los jueces no pueden tener en cuenta posibles circunstancias atenuantes al dictar sentencia, incluidas las circunstancias del delito, los antecedentes del acusado u otros factores relevantes para el caso”, apunta AI.
“Las pruebas en el caso de Tangaraju estaban lejos de ser claras, ya que en realidad nunca tocó la marihuana en cuestión, fue interrogado por la policía sin abogado y se le negó el acceso a un intérprete cuando lo solicitó. Francamente, no es suficiente cuando la sentencia resultante es tan definitiva e irreversible”, subraya HRW.
Singapur tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana.
En 2022, tras dos años sin ahorcamientos debido a la pandemia de covid-19, ejecutó a 11 traficantes, entre ellos un preso con discapacidad intelectual, pese a las críticas de la ONU.
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