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Rusia acusa a Ucrania de “rusofobia”

Imagen referencial, mapa de Rusia y Ucrania Universidad de Lima

Rusia acusó este lunes a Ucrania de ser un “régimen neonazi y rusófobo” que “promueve el odio” contra su población rusoparlante, señaló el equipo legal ruso en una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que Moscú pidió desestimar una disputa entre ambos países sobre la Convención contra el Genocidio.

Ucrania acusó a Rusia de “manipular la noción de genocidio” recogida en la Convención contra el Genocidio -ratificada por 133 países desde 1948, incluidos Rusia y Ucrania- para “justificar la agresión” en febrero de 2022, puesto que Moscú -alegó Kiev- usó ese tratado para argumentar la invasión y el uso de la fuerza, tras acusar al Gobierno ucraniano de estar cometiendo un presunto genocidio en las regiones de Luhansk y Donetsk.

El diplomático ruso Gennady Kuzmin, que expuso hoy los argumentos de Rusia sobre cuestiones legales que rodean la competencia de este tribunal sobre este caso, alegó que la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas, no tiene jurisdicción porque, en su visión, no hay ninguna disputa sobre esta convención en concreto.

Kuzmin subrayó que “la Convención no da derecho a usar la violencia, ni Rusia ha dicho jamás que lo haga”, y aseguró que, en realidad, Moscú justifica la invasión a Ucrania en el “derecho a la defensa propia y general en caso de un ataque armado” (artículo 51 de la Carta de la ONU).

En este sentido, acusó a Kiev de “lanzar una guerra a gran escala" contra el Donbás en 2014, y de “promover el odio” contra la población rusoparlante” de esa zona, y enumeró una serie de acusaciones contra el Gobierno ucraniano, a quien definió en numerosas ocasiones como un “régimen neonazi”.

“El régimen ucraniano glorifica criminales de guerra nazis, adopta simbología nazi, y no prohíbe grupos nazis. Además, prohíbe la educación en idioma ruso y saca el idioma ruso de todas las esferas públicas. Prohíbe libros y artistas rusos. Las iglesias ortodoxas rusas son violentamente confiscadas por fuerzas de seguridad ucranianas y militantes neonazis”, dijo.

Rusia ha tenido problemas para reunir a su equipo legal, puesto que, después de la invasión, la mayoría de los abogados dimitieron o fueron despedidos por su posición contra la guerra. La mayoría del equipo hoy está formado por representantes rusos ante diferentes organismos internacionales, expertos iraníes y chinos, y letrados de un bufé ruso.

También de parte de Rusia, Alfredo Crosato Neumann, del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, agregó que la Convención contra el Genocidio “no regula la cuestión del uso de la fuerza”, ni tampoco “cubre reclamaciones sobre presuntas violaciones” de la Carta de la ONU, y la jurisdicción de la CPI se limita a “las violaciones de la Convención misma”.

Kuzmin explicó que, para este caso, Kiev no acusa a Rusia de “cometer un genocidio, ni tampoco la acusa de no prevenir o castigar” actos genocidas, “incluso Ucrania insiste en que no ha ocurrido ningún genocidio”, lo que, según el agente ruso, “debería ser motivo suficiente, por sí solo, para rechazar este caso, porque, si no hubo genocidio, no puede haber una violación de la Convención contra el Genocidio”.

Para Moscú, la CIJ solo tendría jurisdicción sobre el caso si Ucrania acusara a Rusia de haber cometido un genocidio y hubiera una disputa entre ambos Estados sobre esta cuestión.

Por lo tanto, instó al tribunal a rechazar todas las alegaciones de Ucrania “por falta de jurisdicción”.

Las audiencias sobre este caso, programadas hasta el 27 de septiembre, solo se centran en escuchar los argumentos legales de ambos países sobre si la CIJ tiene o no jurisdicción sobre este caso, y no entrarán aún en el fondo de la cuestión misma sobre la acusación ucraniana.

Este no es el único caso que enfrenta a estos dos países en la CIJ. En 2017, Ucrania acusó a Rusia de violar la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ICSFT) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) durante los ocho años de conflicto previos a la invasión iniciada en febrero de 2022, y desde la anexión rusa de Crimea en 2014.

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