Los bloqueos están prohibidos: “Modernización laboral” de Milei establece límites al derecho a la huelga

El megadecreto del nuevo gobierno de Argentina establece como “conductas prohibidas e infracciones muy graves” afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida y provocar el bloqueo, entre otras acciones

El presidente de Argenina, Javier Milei, aprobó nuevas medidas laborales. El presidente de Argenina, Javier Milei, aprobó nuevas medidas laborales. Foto: Archivo

Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Mundo / 21/12/2023 09:52

Entre las nuevas medidas establecidas por el gobierno de Javier Milei en Argentina se encuentra la “modernización” del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Esta reforma establece límites al derecho a la huelga, en consonancia a la iniciativa del nuevo presidente argentino de aminorar las protestas.

Un día después de conocer el megadecreto de Milei, en Argentina aterrizan las ideas planteadas por el libertario que hacen énfasis en el ámbito laboral y los sindicatos.

Para reformar la legislación laboral, el Gobierno argentino incluye iniciativas que apuntan a modificar los cálculos indemnizatorios, el poder sindical y el derecho a huelga.

Dentro del plan de gobierno que llevó a Milei a la presidencia se encuentra la propuesta de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones y el decreto lo dispone, pero con una salvedad: será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes empresarias y sindicales. El aporte al eventual fondo no podrá superar el 8% mensual y correrá a cuenta del empleador.

También se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral por vía de la negociación colectiva y se amplía el período de prueba a 8 meses en lugar de los tres actuales.

En la temática laboral del decreto de necesidad urgente (DNU) se contempla incluir como causal de despido los bloqueos, una medida que según medios y analistas argentinos levantará polémica porque afecta al derecho a la huelga.

Los limites al derecho de huelga alcanzarán a diversas actividades consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 50% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 75% del servicio.

El megadecreto establece como “conductas prohibidas e infracciones muy graves” afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; provocar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o retenerlas indebidamente.

El primero en alzar la voz en contra fue Hugo Moyano, abogado del Sindicato de Camioneros y de otros gremios argentinos, al calificar la medida de “inconstitucional”.

Además, las medidas laborales de Milei buscan tocar el poder sindical y las recaudaciones, pues la Secretaría de Trabajo pasará a supervisar las denominadas “cuotas solidarias”, por lo que el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) será revisado solo en las cláusulas de obligatoriedad y no en las que fijan condiciones y derechos.

En esta misma línea, las empresas no estarán obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Ahora, según los cambios que pretende imponer el Gobierno, los empleados deberán dar antes un consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota sindical, lo que consideran que podría desencadenar un reempadronamiento en los gremios y afectar su nivel de representación.

Finalmente, sobre el poder sindical, los dirigentes “tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”, menciona el megadecreto, con la finalidad de penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan las actividades.

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