Declaran “crimen de lesa humanidad” el caso AMIA

El 18 de julio de 1994 un carro bomba explotó frente a la sede de la mutual judía

FALLO. El atentado dejó 85 muertos y más de 300 heridos. FALLO. El atentado dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Buenos Aires/EFE
Mundo / 12/04/2024 04:06

La Justicia argentina declaró este jueves "crimen de lesa humanidad" el atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y 300 heridos y sigue impune, informaron fuentes judiciales.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación, con la presencia de los magistrados Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, emitió dos fallos en esta jornada.

Por un lado, la Cámara confirmó las penas para los principales investigadores del caso, entre ellos el juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, por haber inundado la causa de pistas falsas.

Por otro, decidió por unanimidad declarar "crimen de lesa humanidad al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la A.M.I.A.-D.A.I.A. (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas)".

Según reseña el diario La Nación, Mahiques dijo en su voto que se determinó la intervención de funcionarios y agentes iraníes y libaneses en el atentado contra la AMIA, por lo que podría estar vinculado con el perpetrado contra la Embajada de Israel en 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos.

Por ello, recomienda que el Estado haga reformas para llevar a cabo el "juicio en ausencia" de los prófugos, siete libaneses e iraníes, que tienen pedido de captura internacional de Interpol.

Según el magistrado, "cuando se trata de delitos como el terrorismo", el Estado debe adoptar "procedimientos alternativos y complementarios que aseguren la posibilidad de impulsar los procesos y evitar así la impunidad de los autores, instigadores y cómplices".

MUERTOS

El 18 de julio de 1994, a las 9.53 hora argentina, un carro bomba explotó frente a la sede de la mutua judía AMIA, causando 85 muertos y centenares de heridos, el peor atentado cometido en suelo argentino.

Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan de lo sucedido al Gobierno iraní de ese entonces y al partido libanés Hizbulá.

El fiscal encargado de la investigación durante 10 años, Alberto Nisman, fue encontrado muerto en su domicilio de Buenos Aires en la noche del domingo 18 de enero de 2015, en extrañas circunstancias; el caso, caratulado como homicidio desde 2018, sigue sin esclarecerse.

Este suceso ocurrió horas antes de que Nisman se presentara en el Congreso argentino para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque.

Según el fiscal, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá. 

Fallo permite demandar a Irán en las cortes internacionales

La sentencia del máximo tribunal penal bonaerense además sostiene que ambos ataques constituyen delitos de "lesa humanidad", lo que habilita a Argentina a demandar a Irán ante las cortes internacionales.

El hecho de que el crimen sea calificado de esta manera lo convierte en imprescriptible y "permite la "jurisdicción universal", esto es, que cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores.

Desde el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza si la Argentina impartió justicia tras el atentado, después de que la agrupación de familiares Memoria Activa presentaran un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este jueves, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se felicitó por la decisión del tribunal penal.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, le dijo a Infobae que el fallo “establece que Irán tiene la conducta de un Estado terrorista”.

Y anticipó que se pondrán a disposición de los familiares de las víctimas de ambos ataques para iniciar una demanda reforzada ante la Corte Penal Internacional.

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