Penetración del narcotráfico

La detención y consiguiente procesamiento de un ex comandante de la Policía Boliviana, su hijo (también policía) y varios oficiales de esta institución, acusados de ser parte de una cadena internacional de tráfico de drogas ilegales, es un hecho que no puede pasar como uno más de la larga y fracasada lucha contra este fenómeno.

Por un lado, las denuncias, lanzadas y avaladas por información oficial, demuestran que en el país funcionan redes internacionales dedicadas a este ilegal rubro, situación que exige a las autoridades abandonar el discurso triunfalista de presuntos éxitos en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, que estas redes han penetrado a importantes niveles de los organismos encargados de reprimirlas. Más aún si no se trata, en los últimos años, de casos aislados, pues ya son muchos los jerarcas de la Policía que han sido descubiertos.

A su vez, esta realidad exige diversas acciones drásticas de corto y mediano plazo. Probablemente la más importante en lo inmediato sea impulsar de una buena vez la reestructuración integral de la Policía Boliviana, entidad que sufre un proceso de mexicanización (sin intención de herir sentimientos nacionales) que ha provocado que la ciudadanía deje de confiar en ella, situación muy graves si se tiene en cuenta que esta entidad guarda la misión constitucional de velar por la seguridad de la gente. Las señales que hasta ahora ha lanzado el Ministerio de Gobierno al respecto son positivas, pero, conforme se conocen denuncias, insuficientes.

Es también fundamental impulsar un proceso participativo y plural de reflexión sobre cómo enfrentar la cadena del narcotráfico. Este debate, que ha sido instalado en el ámbito internacional, debe ser encarado en el país no sólo porque lo hecho hasta ahora no ha dado los resultados esperados, sino también porque a medida que pasa el tiempo, y más allá del régimen imperante, aumenta la producción y el consumo de drogas ilegales. Es decir, debe cambiar la visión imperante de seguir las viejas políticas represivas aplicadas desde la década de los 70 que respondían a una visión estadounidense del fenómeno, para dar paso a nuevas formas de enfrentar el tema.

Paralelamente, es fundamental que junto a instituciones vitales de la sociedad se desarrollen sostenidas campañas para, primero, controlar y, luego, disminuir el consumo interno de drogas ilegales, particularmente entre la juventud y la niñez. En la medida en que no se sumen esfuerzos sociales, la expansión de este consumo será imparable, porque aumenta en forma sostenida la oferta y, lo que es más grave, se facilita el acceso a ella.

Resumiendo, sin descuidar las labores de interdicción en todas las etapas del narcotráfico a las que estamos comprometidos interna e internacionalmente, y de intento de control de la corrupción que genera en distintos estamentos de la sociedad y el Estado, es fundamental definir una nueva política estatal que permita enfrentar con éxito la cadena del tráfico de drogas ilegales (que incluye producción, consumo y tráfico, así como penetración en los sectores responsables del Estado y la sociedad), legitimada por un amplio consenso nacional e internacional.

Frente a los muchos jerarcas descubiertos en el tráfico de drogas, quizá una de las acciones más urgentes sea impulsar de una buena vez la reestructuración integral de la Policía Boliviana

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