Un injustificado atentado en contra de la libertad de información ha sido cometido por el fiscal Rudy Terrazas y la jueza de sentencia Lorena Camacho, al recluir en el penal de San Pedro de La Paz al periodista del periódico El Diario por “obstrucción de la justicia” en el caso “Alexander” y por no presentar garantías suficientes para garantizar que no se fugaría en el proceso que, consideran, se le debe incoar.

Son conocidos los antecedentes, pero conviene resumirlos: este periodista investiga el caso del vejado bebé Alexander, quien falleció en una hasta ahora inexplicable ruta de búsqueda de atención. En el proceso que ha instaurado el Ministerio Público, lleno de errores, omisiones y negligencia, se ha detenido a varias personas sin las debidas pruebas, lo que ha provocado comprensible susceptibilidad y temor de que lo que se esté haciendo es buscar un chivo expiatorio. La situación es tan embarazosa que se ha declarado la reserva del proceso.

Sin embargo este periodista, en uso de sus legítimos derechos amparados por la Constitución Política del Estado, tratados internacionales y la Ley de Imprenta, decidió investigar el caso y entrevistar a una de las detenidas, circunstancia en que con una rapidez inusitada fue aprehendido por efectivos de la Policía, imputado por el fiscal y encarcelado por la jueza.

Obviamente las reacciones en contra han sido unánimes, incluyendo las de importantes autoridades de los órganos del Estado. Asimismo, al parecer el Consejo de la Magistratura tomará cartas en el asunto para procesar a la jueza y el Fiscal General del Estado parece que hará lo propio con el fiscal.

Asimismo, una demanda de amparo ha sido aceptada y el periodista liberado, sin que, empero, se anulen los obrados del proceso incoado en su contra. Por tanto, la libertad del periodista es sólo un primer paso de un largo camino que ayude a corregir injusticias y mostrar que las autoridades del Ministerio Público y el Órgano Judicial, están decididas a poner cierto orden en la administración de justicia.

En este sentido, no sólo que se debe investigar si ha sido por ignorancia o complicidad que fiscal y juez han actuado de esta manera al encarcelar al periodista, sino también, lo que no se debe perder de vista, enderezar de una buena vez el caso “Alexander”, determinar con profesionalidad qué ha sucedido y sancionar conforme a ley a los autores de su muerte.

Es decir, queda mucho que hacer en este caso y sólo si se actúa con pleno acatamiento de las normas se podría sentar un invaluable precedente para que otros operadores de la justicia sepan que si actúan mal serán pasibles a ser procesados y sancionados.

Pero, si el abuso de poder en contra del colega periodista pasa al olvido, se sigue actuando en forma tan negligente en el esclarecimiento del caso “Alexander” y una vez más se impone la impunidad, caerá otro baldón más sobre la administración de justicia en el país.

Si el abuso de poder en contra  del colega periodista pasa al olvido y una vez más se impone la impunidad, caerá otro baldón más sobre la administración de justicia en el país