La inesperada ofensiva verbal del Ministro de Economía y Finanzas, que durante los últimos días ha dirigido palabras muy severas contra los empresarios privados de nuestro país, ha tenido la virtud de poner en primer plano de la agenda pública nacional el siempre espinoso y muy importante tema de las relaciones entre el sector público y el privado.
En efecto, y aunque en lo que a las formas se refiere la controversia desatada parezca un intercambio de hostilidades, lo que puede verse más allá de las apariencias es más bien una muestra de la importancia que el actual Gobierno le asigna al sector privado de la economía y lo mucho que le importa su buen desempeño.
En las circunstancias presentes, a la luz de experiencias ajenas, entre las que la venezolana es la más aleccionadora, todo parece indicar que las críticas que el Ministro de Economía dirigió a los empresarios privados nacionales no están inspiradas en una hostilidad de carácter ideológico, sino más bien a una necesaria reflexión colectiva acerca del rol que le corresponde al sector empresarial privado y, como natural contraparte, al Estado nacional.
El debate sobre el tema no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Por el contrario, una de las más antiguas e intensas polémicas que nunca pierde actualidad es la que se libra entre economistas, políticos e ideólogos cuyas opiniones se dividen entre quienes atribuyen al Estado la condición de motor principal de la economía y quienes consideran que es más bien el sector privado el que con mayor eficiencia puede cumplir ese papel. En los hechos, en casi ningún país del mundo se aplica plenamente ninguna de esas fórmulas sino una combinación de ambas y Bolivia está felizmente lejos de ser una de las pocas excepciones.
Si algo debe reconocerse al actual Gobierno, aún a pesar de la inofensiva retórica radical de algunos de sus miembros, es que se ha mantenido lejos de la tentación, aunque a veces estuvo demasiado cerca, de aplicar fórmulas destructivas contra el sector privado de la economía, como lo hace Venezuela con los resultados que están a la vista.
En ese marco, y asumiendo que tanto los principales protagonistas del sector privado como los representantes del sector público asumen la necesidad de convivir y sumar esfuerzos en lugar de entorpecer mutuamente sus respectivas actividades, es de esperar que ambas partes se abran a la crítica y autocrítica por severos e injustos que a veces puedan parecer los argumentos esgrimidos.
En lo que al sector privado corresponde, es ineludible la obligación que tienen sus representantes de reconocer que muchos de los cuestionamientos que se hacen a su labor tienen sólidos fundamentos. Y si bien eso es particularmente cierto en algunos casos, como el del empresariado cochabambino, no está demás que los empresarios privados del país asuman con espíritu autocrítico las limitaciones que se les señalan.
Y en lo que al Gobierno corresponde, lo menos que puede exigírsele es un mínimo de coherencia entre sus intenciones y sus actos. En el caso de las inversiones que tanto reclama, es ineludible su obligación de atender los planteamientos de los empresarios pues, si no lo hace, será imposible que éstos aumenten su participación en la economía nacional, como se les pide.
Si lo que se quiere es complementar esfuerzos entre el sector público y el privado, lo que corresponde es que ambas partes se abran a la crítica y a la autocrítica y lo hagan con la severidad necesaria
