Dos noticias se han sumado durante los últimos días a una ya larga serie de señales alarmantes sobre el estado actual y las perspectivas futuras del sector industrial de nuestro país. Nos referimos a la crisis terminal en la que al parecer están dos de las empresas más representativas del sector industrial boliviano como son la fábrica de calzados Manaco en Cochabamba y las Industrias Agrícolas de Bermejo S.A. (Iabsa) de Tarija.
Ambos casos son muy representativos de una tendencia que está poniendo en grave riesgo el futuro del sector industrial de nuestro país. Es que como consecuencia indirecta de las políticas económicas aplicadas durante los últimos años y de las condiciones desventajosas con las que el sector industrial ha tenido que competir con otros, como el sector exportador de materias primas o la construcción, las perspectivas de la industria nacional son muy poco halagüeñas y los dos ejemplos citados pueden ser sólo los primeros de una serie de casos similares.
A esa lamentable conclusión se llega si se considera que uno de los efectos no deseados de la bonanza económica de la que ha gozado nuestro país durante los últimos años es precisamente la disminución de la competitividad del sector industrial.
Las advertencias sobre lo riesgoso de esa situación no son nuevas. Cabe recordar que hace ya algo más de dos años la Organización de Naciones Unidades para el Desarrollo Industrial (Onudi) dio cuenta a través de uno de sus informes periódicos que Bolivia es un ejemplo típico de los extremos a los que puede llegar la desindustrialización ocasionada por la desleal competencia proveniente de las exportaciones de materias primas. Así lo indica el hecho de que Bolivia ocupe el penúltimo lugar en Latinoamérica por delante sólo de Panamá, y ocupa el lugar 107 entre 118 que son evaluados a nivel mundial según los principales índices de competitividad industrial.
Lo más alarmante de ese diagnóstico es que señala una tendencia que por lo sostenida que es no puede atribuirse sólo a factores coyunturales. Es que los datos indican que con cada año que pasa la distancia que nos separa de los países más competitivos de la región se incrementa, y también se agravan las causas a las que se atribuye esa situación.
Factores como el bajo acceso al financiamiento, la corrupción, la burocracia gubernamental ineficiente y las regulaciones laborales restrictivas serían los que más directamente inciden en el proceso de desindustrialización nacional. Y como esos factores empeoran con cada año que pasa, lo que se puede vislumbrar hacia el futuro es que casos como los de Manaco o Iabsa no sean excepcionales, sino los que más tempranamente expresen la gravedad de la crisis que se cierne sobre la industria nacional.
Ante tales circunstancias, es de esperar que no sean necesarios más casos como los mencionados líneas arriba para que el tema reciba la atención que merece. Urge tomar acciones de política económica inmediatas para evitar un descalabro mayor, más aún cuando, como ahora, ya no tienen asidero las visiones optimistas basadas en un supuesto blindaje de la economía nacional.
Uno de los efectos no deseados de la bonanza económica de la que ha gozado nuestro país durante los últimos años es precisamente la disminución de la competitividad del sector industrial
