Ante la percepción general de que es necesario fortalecer en todos los países el respectivo sistema de administración de justicia, en lo concerniente a los Estados americanos, tomando en cuenta que son comunes en esos países algunos males de los que adolece tal sistema, a fin de encontrar en conjunto remedio a esos males, se reúnen periódicamente los magistrados de más alto rango en la denominada Cumbre Judicial Iberoamericana.
La próxima reunión de esa naturaleza (la XVIII) se realizará del 27 al 29 de este mes en Bogotá. Entre los diversos temas que figuran en la Agenda pertinente, están algunos de gran importancia como el de la necesidad imperiosa de luchar contra la corrupción de los jueces, el que señala que las resoluciones judiciales se redacten en lenguaje claro que pueda ser perfectamente asimilable por personas no versadas en disciplinas jurídicas, o el de seguridad jurídica que toca un punto sumamente débil del sistema judicial nacional.
Hay otro que, sin duda, es el que debería concentrar los máximos esfuerzos de quienes participen en tal reunión. Es el que está registrado como “Legitimidad del Juzgador”. Analizada esa expresión de “legitimidad” con referencia al procedimiento establecido en nuestro país para designación de magistrados, muchas voces califican como espurio el procedimiento actual. Al respecto señalan que, aunque aparentemente fue el voto popular el que determinó los correspondientes nombramientos, fueron solamente quienes se encuentran en función de gobierno los autores de tales designaciones debido a que las nóminas de postulantes a esos cargos fueron elaboradas por ellos.
En el plano internacional, se sabe que no existe plena conformidad acerca del sistema de elección de magistrados del Poder Judicial en ningún país, independientemente de que la decisión respectiva esté confiada al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, porque cualquiera de esas modalidades induce a los autores de las decisiones correspondientes a pretender o exigir sumisión de los favorecidos con cargos de rango superior en el sistema judicial. Efectivamente, la mayor parte de los Poderes Judiciales Latinoamericanos carecen de la independencia indispensable para cumplir satisfactoriamente su fundamental función de juzgar con equidad y hacer ejecutar con energía lo juzgado. No solamente en nuestro país, sino también en los otros, la modalidad que concede el pleno poder de decisión a los políticos para los fines de designación de autoridades del Poder Judicial, les da oportunidad de encontrar ahí una fuente de empleos para sus partidarios o sus amigos y, principalmente, para valerse de ellos en beneficio de su ejercicio del poder, hasta el punto de que muchos tratadistas califican al Poder Judicial de esas áreas como “confundido, débil, domesticado y acosado”.
Ante esa terrible realidad, es de esperar que quienes tienen la posibilidad de actuar en la mencionada XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana busquen y encuentren alguna modalidad que libere de su yugo actual al Poder Judicial, pues sin libertad no hay justicia.
Es de esperar que quienes participen en la próxima Cumbre Judicial Iberoamericana busquen y encuentren alguna modalidad que libere de su yugo actual al Poder Judicial
