El próximo domingo –ya conocido como el 25-M– se realizarán elecciones regionales y municipales en 19 comunidades autónomas de España. Estos comicios son vistos como el preludio de las elecciones generales para una nueva legislatura nacional que se llevarán a efecto a fines de este año y, al mismo tiempo, como un posible buen ejemplo de lo que serán los nuevos tiempos políticos en la península.
El declive, la crisis o la superación del bipartidismo es una evidencia que nadie niega. De igual manera, el tránsito hacia un sistema político más pluralista. Para algunos, esto último es un anuncio de tiempos de inestabilidad y de difícil gobernabilidad, en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Para otros, el cambio significa el surgimiento de nuevas formas de hacer política y, sobre todo, de nuevas formas de ajustar las condiciones para gobernar. Pronto quedarán lejos las mayorías absolutas o las hegemonías de un solo partido como fundamento de nuevos gobiernos. En su reemplazo, ganarán terreno las coaliciones, alianzas, abstenciones benevolentes o apoyos condicionados “voto a voto”, entre un mayor número de fuerzas políticas.
Los primeros signos del cambio se muestran en los resultados de los últimos sondeos sobre intención de voto. En las últimas elecciones generales, que dieron el triunfo al Partido Popular (PP), el juego político estaba concentrado en la disputa de éste con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ahora, en las elecciones regionales los dos partidos tradicionales disputan el voto con dos grupos “emergentes”: Ciudadanos y Podemos. Por este motivo, nadie se atreve a pronosticar, sin riesgo de incurrir en una gruesa equivocación, cuál será la configuración de los nuevos gobiernos regionales y municipales.
La incertidumbre es mayor al observar el alto porcentaje de indecisos en todas las comunidades autónomas en las que se realizarán elecciones. En ninguna el porcentaje de indecisos es inferior al 30%. Extremadura es la comunidad autónoma con el menor número de indecisos (32.8%) y Aragón es la comunidad con el mayor número (44.4%). En ciudades importantes, como Madrid, Valencia y Sevilla, los indecisos se acercan al 30%. En Barcelona el 47% de los ciudadanos aún no ha decidido por quién votar.
Un vívido ejemplo de lo que puede ocurrir después del 24-M es lo que en este momento ocurre en la comunidad de Andalucía, tradicional plaza fuerte del PSOE. La actual presidenta de la junta de gobierno, Susana Díaz, resolvió hace algunos meses adelantar las elecciones regionales. La líder socialista obtuvo el mayor número de votos pero no los suficientes escaños en el parlamento regional. Al no ser posible construir alianzas o llegar a compromisos con los otros grupos –PP, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida– no ha logrado, después de tres votaciones, ser investida para un nuevo mandato como presidenta de la junta. Una posible consecuencia de esta situación sería la convocatoria a nuevas elecciones. Para un autorizado comentarista, lo que ocurre en Andalucía tiene “una patente semilla de premonición inquietante”.
El riesgo de dificultades de gobernabilidad y de la instauración de gobiernos débiles, inquieta a muchos. Sin embargo, no faltan aquellos, como Víctor Lapuente Giné, profesor en el Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, que celebran el advenimiento en España de un modelo político más pluralista y fragmentado en reemplazo del tradicional caracterizado por una suerte de “duopolio” entre dos fuerzas. A juicio de este intelectual, el miedo a la “fragmentación” es un “terror injustificado”. “El cambio tectónico de una política fundamentalmente bipartidista a otra multipartidista –subraya– es en general una bendición”. En tiempo de crisis, los gobiernos débiles producen “resultados más robustos” y son “más reformistas, menos corruptos y más progresistas”. En definitiva, “la fragmentación política es beneficiosa porque puede conducir a reformas más eficientes, a menor corrupción y a un estado de bienestar más robusto”.
Por el momento, están claros los temores al mismo tiempo que los buenos augurios. Lo que es incuestionable es que el sistema político español parece estar al final de un extenso ciclo de la transición que se inició después de la muerte de Francisco Franco. Es seguro que después del 24-M las prácticas políticas en España tendrán una fisonomía diferente. Sin dejar de lado totalmente la experiencia adquirida a lo largo de los últimos treinta años, se anuncia una mutación hacia algo aún desconocido pero sin duda necesario para hacer frente a nuevas realidades sociales y nuevos desafíos políticos. En estos cambios, las generaciones tienen y tendrán un rol relevante. No debe extrañar que, según un último sondeo, el Partido Popular de Mariano Rajoy cuente con sólo el 4.3% de la intención de voto de los ciudadanos entre 18 y 14 años –conocidos como los “nuevos ciudadanos” – y el PSOE con sólo el 10%. Asimismo, tampoco debe extrañar que los partidos “emergentes” –Podemos y Ciudadanos– tengan su mayor apoyo en el segmento de los “nuevos ciudadanos”.
