No bastan las renuncias

En la crisis por la que atraviesa el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se ha encontrado una vía, así sea insuficiente, para remontarla: la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de manera que la Asamblea Legislativa proceda a elegir a sus nuevos miembros.

Pero, hay que estar convencidos de que se trata sólo de una parte del problema. El de fondo, aquel que desde la promulgación de las normas vigentes en el marco, dizque de la nueva Constitución Política del Estado, es la vocación hegemónica que en demasiados momentos predomina en varios niveles del MAS y el Gobierno y su poca o ninguna predisposición a respetar el probablemente más importante instrumento del sistema electoral, básico, a su vez, de un sistema democrático: un órgano electoral que conduzca los procesos electorales en forma transparente e independiente. Esto significa que si en el MAS y el Gobierno se mantiene el propósito de contar con un órgano electoral en función a su propio proyecto de poder, a lo más que se podrá llegar es a un recambio de personajes pero que, de igual manera, estarán subordinados a las instrucciones de la mayoría política circunstancial.

La historia del país está llena de ejemplos de esta naturaleza, lo que en parte explica las opciones violentas en la conquista del poder. En cambio, el proceso democrático inaugurado en 1982 ha podido mantenerse en el tiempo pese a las profundas crisis político-económicas que se ha atravesado gracias a la adhesión democrática de la ciudadanía, como a la decisión, en 1992, de conformar una Corte Electoral con gente independiente e idónea, modelo que se mantuvo hasta el arribo del MAS al poder.

Esto significa, en consecuencia, que se debe recuperar el principio de la real independencia del Órgano Electoral. Para ello, al nombramiento de personas idóneas en el OEP, incluyendo a los vocales de los tribunales departamentales (donde al margen de muy contadas excepciones, ha primado la filiación política), debe seguir la reforma de la normativa electoral vigente. Las dos leyes que rigen este rubro junto a las innumerables resoluciones emitidas en este periodo, han conformado un sistema sometido a la arbitrariedad y la restricción informativa, como se ha visto con impotencia, en el manipuleo de los resultados electorales tanto en el nivel nacional como en el regional. En este último, transgrediéndose incluso principios básicos de sana convivencia como la vigencia de una disposición sólo si es debidamente publicitada.

Adicionalmente, estos cambios de personas y de la normativa deben surgir de un amplio acuerdo político-social, de manera que el OEP pueda recuperar legitimidad y confianza.

De lo contrario, a lo que se conducirá, como ya ha ocurrido en nuestra historia, es a situaciones de colapso, destino que se debe evitar, más aún si nuestra historia corta demuestra que es posible introducir cambios en el país dentro del marco democrático. El desafío está, pues, planteado.

Se debe recuperar el principio de la real independencia del Órgano Electoral. Para ello, al nombramiento de personas idóneas debe seguir la reforma de la normativa electoral vigente.

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