Establecimiento de nuevos juzgados

Recientemente el Consejo de la Magistratura, que es el encargado del manejo administrativo y financiero y de las políticas de gestión del Órgano Judicial, anunció que está en vías de ejecución un proyecto que dispone que en todo el país los gobiernos municipales proporcionen a su costa locales para la instalación de juzgados, correspondiendo exclusivamente al Órgano Judicial la asignación de los recursos humanos pertinentes.

Dicha noticia está ligada a lo expuesto por autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, en sentido de percibir que un cambio radical en el ramo de justicia tiene carácter prioritario. Tales afirmaciones se produjeron en claro reconocimiento de la necesidad imperiosa de que se proceda en el país a una seria reforma de la administración de justicia.

El anuncio de tal inquietud dio lugar a la exposición de diversos criterios acerca del tema, señalando, entre otras causas de la grave situación mencionada, la modalidad de nombramiento de los magistrados de rango mayor subordinados por ello al poder político.

Entre las otras varias causas señaladas por los analistas como factor coadyuvante de la crisis de referencia, se propuso que se ponga en agenda un plan para dar solución al hecho real de la dificultad de acceso a la justicia por parte de un considerable número de habitantes del país.

Causa principal de ese impedimento está en que, debido a los bajos montos que en el Presupuesto Nacional se asigna al ramo de justicia, no se han establecido en una gran cantidad de municipios del país locales destinados a oficinas de juzgados. No puede dejarse de señalar como factor de innegable incidencia en la crisis judicial el de los recursos económicos. Los otros Órganos de Poder tratan al Judicial como pariente pobre mendicante. Es sumamente exiguo el porcentaje que anualmente se otorga al Órgano Judicial en comparación con todas y cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo y de las entidades descentralizadas.

Existe otro notorio factor en el mismo plano de dificultad de acceso a la justicia, que es el originado en la demarcación territorial jurisdiccional, que tiene como característica el que cada distrito judicial coincide en cuanto a espacio con el del departamento respectivo. Como consecuencia de esa realidad, quienes residen en zonas fronterizas interdepartamentales, pese a la poca distancia que los separa de asientos judiciales ubicados en el vecino departamento, están obligados a trasladarse a asientos judiciales alejados de su entorno. Una situación semejante es la que afecta en cada uno de los departamentos a pobladores de comarcas fronterizas interprovinciales. La solución está en una demarcación territorial judicial separada sin conexión con el marco político-administrativo.

No se sabe aún cuál será la reacción de los municipios cuando tomen conocimiento de ese proyecto que traslada a ellos una obligación propia de otro sector. Se debe entender que tal iniciativa surge de la seguridad que el Órgano Judicial tiene de no recibir nunca del Tesoro Nacional los fondos absolutamente necesarios para cumplimiento de sus fines específicos.

No se sabe aún cuál será la reacción de los municipios cuando tomen conocimiento de ese proyecto que traslada a ellos una obligación propia de otro sector

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