Estas últimas semanas, los bolivianos estamos siendo testigos de la lucha valerosa de un pueblo por consolidar sus legítimos derechos, dentro de éstos el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho al trabajo que emerge de la materialización de proyectos para cambiar la matriz extractivista de materias primas.
Potosí, legítimamente y por fuerza de la historia como del aporte que a lo largo de siglos ha dado para España y, a través de España, al mundo, y posteriormente en el período republicano a Bolivia, tiene el derecho de reclamar mejores condiciones de vida. Todos los departamentos, en uno u otro tiempo de la historia republicana, se han beneficiado de la riqueza minera de Potosí. Sin embargo, este departamento no tiene hasta ahora ni siquiera un hospital de tercer nivel con especialidades para atender y resolver los problemas de salud de su población; no tiene una completa vertebración caminera, como no tiene una adecuada comunicación aérea con el país y con el mundo. Los proyectos de trasformación e industrialización de sus ingentes recursos naturales como los minerales y el litio han sido la constante de frustración. No olvidemos que en los años noventa estando ya concretado el contrato con la empresa norteamericana Litco para la industrialización del litio y otros recursos evaporíticos del salar de Uyuni quedó frustrado por la acción dubitativa del gobierno de entonces y la acción de algunos malos ciudadanos del propio departamento. No olvidemos que el actual Gobierno, con “bombo y sonaja”, inició después de muchos años la producción de la planta de Karachipampa, los lingotes –por versión de sus propios pobladores– resultaron ser prestados y el funcionamiento de este inmenso “elefante blanco” se suspendió a los 15 días. La promesa de instalación de una fábrica de cemento, la defensa y recuperación del Cerro Rico y… otros son temas de una constante frustración para este departamento que han llevado a sus pobladores, finalmente, a esta heroica acción “revolucionaria” que ha puesto en “jaque” al Gobierno, insensible y demagogo.
La acción valerosa y ejemplar de un pueblo y su dirigencia cívica (que como hemos visto no se ha vendido ni comprado) para cambiar sus condiciones de vida, es una acción revolucionaria –tanto que ahora nos gusta la palabra– y, justamente por eso, debería ser una acción acompañada de sus departamentos hermanos. Es extraño que otros departamentos no apoyen esta lucha de un pueblo por sus derechos, porque Potosí ha exportado y sigue exportando a otros departamentos su riqueza, probablemente más a nuestro departamento y ciudad de Sucre que, desde la Colonia, creció y se desarrolló gracias a la plata de los mineros y los azogueros potosinos y… hasta nuestros días, en períodos de auge de la minería, estos recursos se dejan sentir en la Capital con la compra de inmuebles en nuestra ciudad, con las construcciones de edificios, los negocios y otros. Por ello, Sucre y Chuquisaca, a través de sus instituciones sociales y cívicas, tenían y tienen la obligación de apoyar moral y materialmente al departamento que ha sido siempre, la vertiente económica para el desarrollo de la ciudad de La Plata en la colonia y, en la república, la capital ciudad de Sucre. Los pueblos del sur deberían, en este marco solidario, reactivar el Bloque Cívico del Sur que por intereses mezquinos y políticos se ha desactivado hace años.
