El 2 de agosto de 2015 se han cumplido los tres años que establecía la ley 269, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, para que todos los servidores públicos y las servidoras hablen un idioma nativo. La disposición transitoria tercera de la mencionada ley establece: “Para el cumplimiento del Artículo 5 del numeral 7 del Art. 234 y la disposición transitoria tercera de la Constitución Política de Estado, toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, deberá aprender el idioma de la región, a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad en un plazo máximo de tres años”. El Art. 5º de la Constitución reconoce como oficiales del Estado plurinacional 36 idiomas incluyendo el castellano; señala, además, que el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales deberán utilizar, al menos, dos idiomas oficiales. Finalmente, para completar este marco normativo, el Art.234-7 señala: “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere hablar, al menos, dos idiomas oficiales del país”.
A esta altura, transcurridos seis años de vigencia de la Nueva Constitución del Estado y tres de la Ley Nº 269, los funcionarios estatales de 150 mil se han multiplicado a 350 mil. ¿Cuántos de éstos hablan fluidamente un idioma originario?...hablar fluidamente, es hablar bien… y no aquella especie de hibrido en el caso del castellano y quechua que mejor se llamaría “Quechuañol”. En el último acto publicitario de entrega de certificados a 3.100 funcionarios públicos que participaron en una capacitación de un mes, el Director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ha señalado que en nueve años se han “capacitado” a 23.500; lo que nos permite suponer que para capacitar en un mes (que no es enseñar a hablar fluidamente) a los 350 mil que se irán sumando, se necesitarán diez años para que todos los servidores y servidoras públicas hablen un idioma originario.
Como se advierte fácilmente, la obligación de hablar un idioma originario es otra más de las ya conocidas “mentiras oficiales” como aquella de “analfabetismo cero” pues, en este caso, los primeros servidores públicos del Estado como el Presidente y Vicepresidente, desde diferentes raíces, tampoco hablan un idioma originario. El supuesto lógico sería que un 90% de los servidores públicos que son del Movimiento al Socialismo deberían hablar su lengua originaria, extrañamente no ocurre así, ¿será porque nunca hablaron?, ¿porque se olvidaron o porque su alienación cultural llega hasta la negación de su lengua originaria? Resulta hasta anecdótico que el Presidente del Estado Plurinacional, en el acto de entrega de certificados del pasado 2 de agosto, dijera que hablaba de niño y que en la escuela le enseñaron castellano… y ahora ya no habla su lengua originaria; es un caso “extraño” porque lo que se aprende con la leche materna no se olvida nunca. Para completar esta farsa, los otros funcionarios estatales: Ministros, Viceministros y Directores, entre ellos el Ministro de Educación, dicen que están pasando cursos, probablemente el único que no está en esta tarea sea el Sr. Choquehuanca que, verdaderamente, debe ser el único originario. Porque, como se muestra, los otros no lo son o no quieren serlo.
El idioma es el fundamental vínculo con los ancestros y la cultura, la esencia de cada pueblo y nación; el idioma moldea la forma de pensar y sentir el mundo; por ello resulta “extraño” que quienes propugnan la nación boliviana de raigambre indígena (así ocurrió cuando se eliminó la categoría étnica de mestizo en el último censo nacional) sean los que no hablan un idioma indígena-originario. Siendo así, ¿cómo podría el Estado sancionar a aquellos servidores y servidoras públicas que no cumplen con la disposición legal, o impedir que otros accedan a funciones públicas si no cumplen este requisito? Como se ve, ésta es otra de las contradicciones y falacias del Gobierno del MAS, con bases legales que no se cumplen o se cumplen para algunos y para otros no.
