El anuncio hecho por el Gobierno nacional sobre su decisión de contratar a la empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies para el diseño de una planta industrial de producción de carbonato de litio para su uso en la fabricación de baterías, ha vuelto a poner en la agenda informativa nacional uno de los proyectos que más dificultades ofrece para pasar del plano de los buenos deseos al de la realidad.
Como es fácil recordar, la construcción de una planta para la industrialización del litio del salar de Uyuni, como la del hierro del Mutún, son objeto de reiterados anuncios sobre multimillonarias inversiones que, según las versiones oficiales, llevarían a Bolivia a la vanguardia de tan prometedor recurso energético.
Los hechos, lamentablemente, desmienten una y otra vez la viabilidad de tales anuncios. A tal extremo que ya resulta una tarea muy difícil hacer una enumeración de todos los casos en los que las negociaciones de las que se dio cuenta terminaron en otras tantas frustraciones. La historia ya tiene larga data. La fallida intención de industrializar el litio, como la explotación del hierro del Mutún se remonta a tiempos anteriores al gobierno actual. Con la agravante de que hace ya casi diez años, cuando el Movimiento Al Socialismo se hizo cargo de la conducción del país, enarboló ambos proyectos como la mejor oportunidad de probar la superioridad del nuevo régimen en comparación con sus predecesores y se asumieron muy ambiciosos compromisos.
Con esos antecedentes, no resulta fácil alentar demasiadas expectativas con motivo de la contratación de la empresa alemana para que realice un estudio que le costará al Estado boliviano otros 4,8 millones de dólares que deberá sumarse a las muchas centenas de millones de dólares que hasta ahora han sido invertidos sin que se vea una relación razonable entre estos y los resultados obtenidos.
Según datos oficiales proporcionados por el presidente Evo Morales, las inversiones previstas para desarrollar la industria del litio superarán los 900 millones de dólares hasta el año 2019. La causa principal de tan pobre relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos es la decisión gubernamental de prescindir de socios o inversionistas extranjeros que asuman parte del riesgo a cambio de aportar sus conocimientos y experiencia.
A juzgar por los resultados, la condición impuesta para que cualquier aporte de capitales externos incluya la fabricación de automóviles eléctricos o, en su defecto, se limite a la prestación de servicios, como en el caso que comentamos, no parece ser la más adecuada.
La política gubernamental es más cuestionable aún si se compara con el rumbo que han elegido y los avances que están logrando nuestros principales competidores en el rubro, Chile y Argentina, países que a pesar de la relativa pequeñez de sus reservas han logrado insertarse en el mercado mundial en condiciones que les dan una ventaja muy difícil de revertir.
En tales circunstancias, sólo cabe esperar que no estemos ante un caso más en el que los dogmatismos ideológicos terminen imponiéndose sobre lo que aconseja el pragmatismo económico.
La condición impuesta para que cualquier aporte de capitales externos incluya la fabricación de automóviles eléctricos o, en su defecto, se limite a la prestación de servicios, no parece ser la más adecuada
