Tres hachazos cortaron de cuajo la infancia de Marisela. El primero fue la pobreza que obligaba a la madre a dejarla sola en el cuarto, con sus escasos 11 años, cuidando a los hermanos menores. El segundo fue el acoso, abuso y violación perpetrados por un vecino. El tercero fue la telaraña de triquiñuelas, algunas legales, otras sólo oficiosamente moralinas, que impidieron un aborto terapéutico oportuno.
El duro debate sobre el aborto incluye posiciones francamente enfrentadas entre quienes no aceptan ningún tipo de aborto y quienes creen que la práctica debe despenalizarse de forma irrestricta. Como en muchos otros temas controvertidos, las cosas no pueden ser sólo en blanco o negro, sino que hay también una gama de grises. Para decirlo claro y directo, se debe aceptar el aborto en ciertas situaciones, tal como lo expresa el artículo 266 del Código Penal Boliviano: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”.
El artículo del denominado “aborto impune” entra, precisamente, en el tono gris intermedio del debate de posiciones. Y no es ninguna victoria para las y los calificados despectivamente como “abortistas” ni es ninguna derrota para quienes dicen defender a ultranza la vida. Es, simple y llanamente, sentido común, humanidad y un mínimo de respeto a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo.
Por esa razón, el fallo 206/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que para la realización de un aborto impune no se requiere autorización judicial sino sólo la presentación de una copia de la denuncia de violación ante la Policía o Fiscalía y el consentimiento de la mujer –niña, adolescente, joven o adulta– que haya determinado realizarlo. Sin embargo, los hábitos, el sentido común imperante y la hipocresía generalizada rehúsan cumplir la Ley y las voces que callan ante las violaciones y ante la violencia doméstica, por ejemplo, se alzan vocingleras para impedir que la norma se aplique. De ese modo se tejen historias como las de cientos de Mariselas, obligadas a recurrir a abortos clandestinos.
Está ampliamente demostrado, aquí y en otros países, que la penalización del aborto inducido y no autorizado se traduce en prácticas clandestinas realizadas por gente no profesional y en condiciones insalubres e inseguras, lo que ocasiona cientos de muertes de niñas, jóvenes y adultas cada año. Muertes impunes no solo ante quienes practican comercialmente abortos (ayer, hoy y siempre, si no toman medidas), sino ante la sociedad y las y los mismos activistas que dicen defender la vida.
No señoras y señoras, a nadie le gusta abortar y ninguna mujer que recurra a ello lo hace como “coser y cantar”, sino obligada por circunstancias de abuso, económicas, de salud, por abandono o infelicidad. O, sin mayor drama, porque es una decisión sobre el territorio de su cuerpo.
