Durante los últimos días, en diferentes escenarios y circunstancias, los principales representantes de los empresarios del sector de la construcción de nuestro país han hecho oír su voz de reclamo por la manera como el gobierno nacional, pero también los departamentales y los municipales, están administrando los recursos destinados a la construcción de obras públicas. Se refieren a la ventaja que se daría a empresas constructoras extranjeras, en desmedro de las nacionales.
Las primeras señales de preocupación en ese sentido fueron dadas hace algo más de un mes por el gerente general de la Cámara de Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), quien afirmó que a pesar de que la legislación vigente sobre el tema, empezando por la Constitución Política del Estado dice que las empresas bolivianas tienen prioridad ante empresas extranjeras en las licitaciones y del Decreto 181 que regula las adjudicaciones, establece que si hay un capital de más del 50% boliviano en una empresa que participa esta tiene un puntaje adicional en la licitación para su calificación, en los hechos eso no se aplicaría. El resultado es que sólo durante los últimos dos años las empresas extranjeras se habrían beneficiado con contratos cuyo costo total supera los 4.000 millones de dólares.
En términos muy similares se ha referido en días pasados, durante el acto de inauguración de la I Expo Construcción-Industria en nuestra ciudad, el presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco), quien considera que no hay razones válidas que justifiquen la exclusión de empresas bolivianas en la ejecución de las más grandes obras públicas en nuestro país.
Casi simultáneamente, al mismo tema se ha referido el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción quien sostuvo que el 70 por ciento de las obras viales estatales está en manos de empresas extranjeras, cuya única ventaja sobre las nacionales sería su capacidad financiera, pues su aporte tecnológico no sería significativo.
La preocupación de los empresarios de la construcción está justificada si se considera que son sumas muy cuantiosas las que están en juego. Uno de los pilares principales de la política económica con que el gobierno nacional se propone mantener en su nivel actual el ritmo al que crece la economía nacional es la inversión pública y muy especialmente la dirigida a grandes obras de infraestructura. Eso representó en la gestión 2015 el 40,42 por ciento de la inversión pública, lo que equivale a 2.498 millones de dólares y se prevé que los montos serán mayores durante los próximos años.
Como es bien sabido, los efectos multiplicadores que el sector de la construcción tiene sobre el resto de la economía son muy importantes y es evidente que cuanto mayor sea la porción que se quede en el país a través de empresas nacionales, mayor será el efecto estimulante de esas inversiones.
Para que ello ocurra, sin embargo, no es suficiente la voluntad gubernamental pues también es imprescindible que las empresas nacionales se pongan a la altura de los desafíos y no dejen lugar a dudas sobre su idoneidad. En la medida en que eso ocurra, se podrá exigir que las millonarias inversiones no terminen fuera del país.
Para que las empresas nacionales mejoren su participación no es suficiente la voluntad gubernamental pues también es imprescindible que se pongan a la altura de los desafíos y no dejen lugar a dudas sobre su idoneidad
