vas pasando por el patio y te encuentras con ropa tendida, niños jugando, dos vecinas conversan acodadas en una esquina, mientras en otra alguien recoge agua de una pila de eterno goteo. Te aturde los oídos el sonido de música chicha a todo volumen, que no se sabe de dónde sale, puede ser de un aparato de radio o un televisor o un iPhone, y asalta tu olfato el olor a guiso, alguien se divierte en la cocina combinando sabores... Nada hay, a simple vista, que te recuerde que no estás visitando un patio de vecindad, de esos en los que la vida cotidiana se vive en tumulto y casi sin puertas. Las cárceles bolivianas son lugares insólitos, una mezcla de cuarteles-prisiones de tiempos antiguos con la Vecindad del Chavo. Y están atestadas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que en los 64 centros penitenciarios del país hay 13.000 personas internas, y que el 78% guarda detención preventiva mientras que sólo 22% están sentenciadas.
Una de las principales causas del hacinamiento en las cárceles es la retardación de justicia. Y ésta se debe a trámites interminables, ineficaz distribución de jurisdicciones y carga procesal, corrupción, mala fe, problemas endémicos en el sistema.
En la mayoría de los 64 centros penitenciarios llevan una convivencia aparentemente relajada presos, presas, a veces sus parejas, los guardias y en algunos casos niños. Una calma aparente que estalla de tiempo en tiempo con una violencia creciente (recuérdese los conflictos en Palmasola (Santa Cruz) y El Abra (Cochabamba), avivada por el matonaje de los más fuertes y, muchas veces, la complicidad de las autoridades. Aunque hay esfuerzos sistemáticos de varias instituciones por evitar que la población de niños se mantenga o crezca en las cárceles, hay quienes están completamente en contra de esa convivencia, pero también hay quienes se preguntan cuál puede ser el destino de las y los niños que quedan en la calle si uno o ambos padres están presos (situación más frecuente de lo que una se imagina, sobre todo por causas de narcotráfico).
Todos los habitantes de estos centros, internos o guardias, tienen que arreglarse con un “prediario” que apenas alcanza para una mala sopa, pan y sultana diarios. Pero ese monto parco no preocupa a quienes pueden pagar (y de hecho lo hacen) comida extra, a veces a la carta, en una o dos pensiones que atienden en el mismo recinto o con la alimentación complementaria que les llevan sus familiares. De este modo, la población penitenciaria contribuye al Estado para que éste la mantenga entre rejas. Una contradicción notable. En cierta ocasión, los medios informaron que los presos de una cárcel de Oruro se acotaron para terminar de construir un muro que se había caído con las lluvias, y los de Mocoví, en Trinidad, le prestaron plata al alcaide para que pague las atrasadas cuentas de luz, ante el riesgo de volver a las velas.
Los males de la administración de justicia no son nuevos. Al contrario, han sido una ausencia permanente en la agenda de los derechos en el país. De hecho, en cada diagnóstico aparece agudamente la demanda por una justicia justa (valga el pleonasmo). Pero el problema se agudizó de forma notable a partir del renovado impulso gubernamental para asegurarse la cooptación de los funcionarios/as del área y de la realización de unas fallidas elecciones, por voto ciudadano, para cargos de autoridades en la judicatura en octubre del año 2011. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que la administración de justicia en el país cambie?
