Entre las recientes noticias de impacto en el plano internacional figura la procedente de España que informa sobre la decisión del Parlamento Catalán de separarse de ese Estado y conformar uno nuevo bajo sistema republicano. Se puede apreciar que tal determinación tiene orígenes remotos, pues hasta mediados del siglo XVI las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona) fueron independientes de las otras regiones.
Sin duda, España es el mejor ejemplo de Estado Pluriétnico y Pluricultural, sin que sus autoridades consideren necesario hacer figurar esa realidad en su Constitución Política. Los sentimientos regionales, principalmente entre vascos, catalanes y gallegos (todos ellos con idiomas propios diferentes al castellano), debilitaron durante los siglos XVI al XIX los intentos de organizar un Estado Unitario fuerte.
Los de tendencia separatista del País Vasco (denominado Euskadi en su lenguaje sin ninguna semejanza con los otros de origen latino), organizaron un sector extremista conocido por las siglas ETA que en vascuence son iniciales de Euskadi y Libertad. Entre los gallegos, que tienen también su propio idioma, existe igualmente una corriente de independencia. De las tres Comunidades, es Cataluña la que se encuentra más cerca de lograr su propósito.
Los sentimientos independistas, siempre latentes, se agudizaron durante el régimen dictatorial de Franco por la obligación impuesta en toda España, bajo argumento de unidad, en sentido de no hablarse más idioma que el castellano, ya universalmente conocido como español, prohibiendo publicaciones en cualquiera de los tres mencionados idiomas so pena de cárcel o exilio, y llegando inclusive a ordenar la quema en plaza pública de libros escritos en cualquiera de ellos.
En los países como España y el nuestro, en los que existe un idioma predominante debido al hecho de ser lengua hablada por la mayor parte de sus habitantes, tal idioma debe ser utilizado respetando y protegiendo el uso de todos los otros, sin obligación a expresarse en cualquiera de ellos.
Así como en España durante Franco se prohibió hablar en vascuence, gallego o catalán, entre nosotros, con criterio opuesto, se ha introducido en la Constitución Política del Estado, una regla según la cual todo aquel que ejerce o pretende ejercer una función en la administración pública debe forzosamente aprender alguno de los otros numerosos idiomas o dialectos calificados como oficiales junto con el castellano. Tal disposición es contraria al derecho a la autoidentificación cultural expuesta en la misma Constitución Política del Estado.
