Bolivia hacia la convención de París

Tal como viene ocurriendo desde hace algunos años, la representación boliviana en París será un claro ejemplo de la distancia que separa a los dichos de los hechos.

Hasta el 11 de diciembre próximo, París será sede de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-21). Y como ya es habitual en este tipo de eventos, la delegación boliviana se propone jugar un rol protagónico para lo que se propone enarbolar una serie de propuestas con la esperanza de que otros países participantes las apoyen.

Las líneas básicas de la propuesta boliviana son las mismas desde hace muchos años. Tienen como ingrediente principal la transferencia de toda culpa y responsabilidad por los problemas climáticos a los países más desarrollados del planeta, mientras desde una posición victimista se exculpa a los países menos desarrollados del mundo, como el nuestro.

Hasta hace poco, esa manera de abordar el asunto tenía cierto éxito, pero durante los últimos años las circunstancias han cambiado mucho porque los hechos acumulados durante los nueve años de la actual gestión gubernamental han quitado mucha fuerza y credibilidad de la pretensión boliviana de erigirse en una especie de vanguardia en la defensa de la salud ambiental del planeta. Es que la falta de correspondencia entre el discurso grandilocuente y radical en nombre de la “Pachamama” y una práctica que lo desmiente día a día ya no pasa desapercibida entre quienes más de cerca observan la manera como cada país asume o elude su compromiso con la preservación del medio ambiente.

Las decisiones gubernamentales que dan cuenta de esa incongruente relación entre la prédica y la práctica son muchas y se van acumulando con cada año que pasa. La apertura de las áreas protegidas a las exploraciones hidrocarburíferas o el aumento del ritmo al que avanza la frontera agrícola sobre la Amazonía son sólo dos muestras muy recientes del radical giro que en materia ambiental ha dado el Gobierno boliviano durante los últimos años.

En términos estadísticos, esa manera de actuar se refleja en el hecho de que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Bolivia es uno de los diez países del mundo que más contribuye al cambio climático si se calcula el volumen de las emisiones de dióxido de carbono por habitante. Bolivia destruye sus bosques a un ritmo 38 veces mayor que el promedio mundial, que es de 8,3 metros cuadrados per cápita.

Lo más alarmante es que Bolivia es también uno de los pocos países donde el ritmo de deforestación aumenta a un ritmo sostenido en vez de disminuir, lo que se debe en gran medida a la decisión gubernamental de multiplicar las extensiones de tierras dedicadas a la producción de soya y otros productos agrícolas destinados a la exportación. La sistemática violación de las restricciones impuestas a la actividad agrícola, hidrocarburífera, minera y forestal en las áreas protegidas es la más elocuente muestra de la contradictoria relación entre “pachamamismo” y “desarrollismo”.

Siendo esa la realidad, bueno sería que la delegación boliviana que prepara su participación en la COP-21 piense dos veces antes de exponerse innecesariamente a una situación incómoda. En las actuales circunstancias, mantener un bajo perfil parece lo más aconsejable.

La apertura de las áreas protegidas a las exploraciones hidrocarburíferas o el aumento del ritmo al que avanza la frontera agrícola sobre la Amazonía son sólo dos muestras muy recientes del radical giro que en materia ambiental ha dado el gobierno

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