La administración de justicia en Bolivia es un tema pendiente de todos los gobiernos, sin ir más lejos, el periodo neoliberal (MNR, MIR, ADN) patrocinó foros, talleres y reformas modernizantes en el campo jurídico. Continuando con la misma línea reformista, el actual régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) popularizó la consigna “proceso de cambio” para sepultar todo vestigio de la odiada república colonialista y dar nacimiento al Estado Plurinacional de Bolivia.

La “solución” de los tecnócratas del MAS fue continuar con la vieja receta modernista-imitativa en el campo jurídico. El entusiasmo gubernamental llevó a la creación de “nuevas” instituciones, como el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; se promulgó la Ley de Lucha Contra la Anticorrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (2010); se realizó la inédita elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante sufragio universal (2011); el presidente Evo Morales –en su primer mandato– posesionó en su gabinete como Ministra de Justicia a la representante de empleadas domésticas, Casimira Rodríguez (cuota de poder); se cambió de nombre al Poder Judicial (ahora Órgano Judicial); se promulgaron “nuevos” códigos (Penal, Civil); y sobre todo pregonaron discursos bien intencionados de parte del presidente Evo Morales exhortando la moral indígena: “Queremos gobernar con esta ley que nos han dejado nuestros antepasados, el ama sua, ama llulla, ama quella, no robar, no mentir, ni ser flojo, esa es nuestra ley”.

Los refundadores de Bolivia creyeron inocentemente que todas estas transformaciones enmendarían el viejo problema histórico-estructural de la justicia. En el plano terrenal, las incesantes “mejoras” a la administración de justicia son percibidas por parte de los involucrados, la sociedad en general y los medios de comunicación, como ineficientes, burocráticas y con alta incidencia a la corrupción. La mirada de los ciudadanos no se concentra en conocer a fondo la compleja ingeniería jurídica, sino la percepción de los litigantes se dirige a los procedimientos cotidianos de parte de algunos jueces, fiscales, investigadores, secretarios, actuarios y abogados, que actúan con cierta afectuosidad a los llamados códigos informales (usos sociales, costumbres, valores) por encima de los códigos formales (legal-racional).

Los códigos informales se fueron consolidando y acentuando en la mentalidad jurídica a través de sus propias rutinas y convenciones; caracterizadas por tener una vigencia pre-racional; son obvias y sobreentendidas en cada uno de los tribunales; los códigos informales no están escritos, pero son respetados y tolerados; los litigantes, al ingresar a los pasillos de los juzgados, toman una posición existencial, por un lado, aquellos que intuyan utilizar los códigos informales en cada uno de sus actos procesales, por otro lado, aquellos que se rijan por las normas vigentes. Ahí reside la controversia de la justicia boliviana, los querellantes que logren ajustar y armonizar los códigos informales y formales son aquellos que obtendrán la anhelada “justicia”.

La respuesta a la debilidad estatal no reside en discursos bien intencionados, en invocar ancestros andinos, en implorar la “moral indígena”, en promulgar códigos (Civil, Penal), en crear instituciones; sino la administración de justicia es mucho más compleja. El filósofo H. C. F. Mansilla, en su ensayo El carácter conservador de la nación boliviana (2003), nos manifiesta que arrastramos desde la época colonial y aun antes, una mentalidad antidemocrática profundamente arraigada en la población. En todas las capas sociales, en todos los grupos étnicos del país y en todas las regiones geográficas no se fomentó una tradición democrática, institucionalista, sino que en Bolivia hubo tendencias al autoritarismo, al verticalismo y al centralismo que han marcado nuestro modus vivendi hasta el día de hoy. A pesar de las notables reformas modernizantes en la administración de justicia se continúa replicando sistemáticamente procedimientos y pautas de comportamiento de la colonia del siglo XVIII: “La ley se acata, pero no se cumple”, o con referencia a la burocracia: “Para el amigo todo, para el enemigo (y desconocido) la ley”.