A la ya muy larga lista de casos de corrupción que con excesiva frecuencia dan cuenta de la manera como están siendo administradas las empresas de las Fuerzas Armadas, se ha sumado durante los últimos días un informe sobre el Centro de Industria y Tecnología Aeroespacial (CITA), dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Se trata de un proyecto en el que se han gastado algo más de 5 millones de dólares y, a juzgar por los resultados obtenidos, todo indica que estamos ante otra muestra de mal manejo de los millonarios recursos que el Gobierno pone a disposición de los mandos militares.
Como se ha informado durante los últimos días, este nuevo caso salió a luz como consecuencia de un accidente sufrido por una aeronave ensamblada en el CITA con el saldo de dos pilotos muertos. Las investigaciones de rigor, ineludibles en casos extremos como éste, condujeron a la conclusión de que la causa del desastre fue la pésima calidad del aparato.
El informe, presentado al Comando General de la FAB en junio pasado, ocho meses después del accidente, sostiene que, entre varias otras falencias, “el trabajo realizado fue empírico, no hubo control de calidad, tampoco certificación y que el CITA no fue producto de un estudio estructurado, pues saltó varios pasos en su creación”.
Cabe recordar al respecto que en junio de 2013, durante los actos conmemorativos del 61 aniversario del Colegio Militar de Aviación (Colmilav), en medio del despliegue propagandístico habitual en casos como éste, el presidente Evo Morales inauguró el CITA. Poco más de seis meses después, en febrero de 2014, se procedió a la presentación de “Sayubú” y “Gavilán”, las primeras aeronaves supuestamente fabricadas en instalaciones de la FAB.
Según los discursos de ocasión, el hecho marcaba el ingreso de Bolivia “a la era aeroespacial”. Nada se dijo sobre la verdadera naturaleza del tan pregonado salto tecnológico que consistía sólo en la adquisición de tres aeronaves de entrenamiento con el correspondiente asesoramiento para su ensamblaje, algo muy común en el rubro.
Tan descomedida manera de distorsionar la realidad tiene en este caso como agravante el hecho de que, según los informes oficiales, la implementación del CITA “no fue producto de un estudio bien estructurado” y que se creó “saltando muchos pasos”, pues “toda organización requiere inicialmente de una planificación, de estudio de funcionamiento, entrenamiento previo del personal, equipamiento e instalaciones”. Todo habría sido resultado de una irresponsable improvisación lo que, además del millonario costo económico, se llevó la vida de dos personas.
El caso, grave de por sí, lo es mucho más si se considera que no es una excepción sino sólo uno más de muchos casos que durante los últimos tiempos han puesto en evidencia la pésima manera como las Fuerzas Armadas de nuestro país administran los multimillonarios recursos que se les entregan con los más diversos motivos. Se trata de varios cientos de millones de dólares que han sido dilapidados, lo que amerita, por lo menos, una muy rigurosa investigación. La pésima experiencia de Venezuela debe servir como advertencia sobre lo urgente que es poner coto a esa situación.
Si se suman los montos involucrados en los malos manejos de los recursos otorgados a las FF.AA. con los más diversos motivos, se podrá constatar que se trata de cifras millonarias
