Hace unos días, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña informativa y de sensibilización para prevenir las uniones o casamientos entre adolescentes y los matrimonios infantiles forzados. La campaña está dirigida a jóvenes de ambos sexos comprendidos entre los 12 y los 17 años y se concentrará, por lo menos en una primera etapa, en las unidades educativas de El Alto y municipios aledaños.
Es desde todo punto de vista pertinente esta iniciativa, pues, como todos los estudios especializados lo señalan, nuestro país aparece entre los que muestran peores indicadores, sólo comparables con los de los países africanos más afectados por grandes calamidades naturales, políticas y sociales, en asuntos tan importantes como los embarazos no deseados entre adolescentes, y con mucha frecuencia niñas, con todas las secuelas negativas que tal situación conlleva a las pequeñas madres y a sus familiares más cercanos.
Algunos de los datos que fueron expuestos por el Defensor del Pueblo al presentar la campaña indican que a pesar de que en Bolivia no existen estadísticas de matrimonios entre adolescentes, pues en nuestro medio priman tipos “no formales” de unión, el estudio titulado Estado Mundial de la Infancia 2015 da cuenta de que en Bolivia el 3 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se habrían casado o tenían algún tipo de vínculo antes de cumplir 15 años y que el 22% ya estaban casadas o tenían algún tipo de vínculo antes de cumplir 18 años. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el país, por cada mil jóvenes menores de 20 años, 88 han sido embarazadas. Una de las consecuencias de todo ello es que, según datos oficiales, en Bolivia se reportan anualmente casi 100 mil embarazos no deseados de niñas y adolescentes, lo que equivale a un promedio de casi 250 al día.
Como demuestran esas cifras, el problema es de tal magnitud y tan grandes los riesgos a los que están expuestas cotidianamente las niñas y adolescentes que la iniciativa del Defensor del Pueblo se justifica plenamente. Sin embargo, y sin menoscabar sus méritos, es necesario recordar que para afrontarlo con alguna posibilidad de éxito hace falta algo mucho más serio que una o muchas campañas inspiradas más en la buena voluntad de quienes las promueven que en un plan de acción integral.
Así, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Comité Interministerial de Políticas Públicas, lanzó en septiembre pasado el Plan plurinacional de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes 2015 -2020. Y planes similares existen a nivel de los gobiernos departamentales y nacionales.
Lamentablemente, esos planes no están dando los resultados esperados, lo que en gran medida se debe al mal aprovechamiento de los recursos disponibles. Por eso, es de esperar que todas las instituciones involucradas en la educación sexual y reproductiva busquen la mejor manera de aunar esfuerzos en vez de dispersarlos.
La proliferación de casos de embarazos no deseados entre niñas y adolescentes obliga a dar al tema la importancia que merece. Un primer paso para ello es evitar la dispersión de esfuerzos y recursos
