DESDE EL FARO

Lo público y lo privado: El legado feminista y de la CIDH

Cuando el movimiento feminista lanzó la consigna “lo privado es también público” y se apuntaló la estrategia de “politizar la vida privada”, no se preveía la rápida repercusión que tendría sobre los fundamentos doctrinarios de una legislación que blindaba el ámbito familiar privado a la intervención jurisdiccional. Desde la perspectiva feminista, era imperativo cuestionar y trastocar la mirada dicotómica del ámbito público respecto al privado (doméstico) que naturalizaba el confinamiento de las mujeres a este último y legitimaba la autoridad del “jefe de familia”.

En otras palabras, para la corriente feminista no liberal, la única manera de comprender estructuralmente la realidad de subordinación, desigualdad y formas múltiples de discriminación (laboral, económico y político) de las mujeres pasa por analizar las relaciones de poder y los roles socialmente asignados a hombres y mujeres por el orden patriarcal al interior de la familia y la reproducción de estas formas de dominación y desigualdad en el mundo público.

De hecho, las leyes contra toda forma de violencia doméstica e intrafamiliar fueron el corolario –no siempre eficaz– de una lucha que posicionó en el debate público esta temática y avanzó hacia el reconocimiento de las desigualdades, la violencia y la violación a derechos fundamentales que experimentaban cotidianamente miles de mujeres en sus familias y en sus actividades extra familiares.

Similar enfoque garantista de los derechos humanos aplicable a los derechos de la infancia ha prevalecido a la hora de juzgar el cumplimiento de deberes y responsabilidades paternales.

En el campo político y, a partir de este razonamiento, queda claro que la vida privada de políticos ni gobernantes escapan del escrutinio público más aún cuando los límites de lo privado se confunden con asuntos de interés público. Cuando ello ocurre, sean hombres o mujeres no tienen otra salida que asumir la responsabilidad de sus actos y evitar la victimización para eludir los controles sociales y políticos que impone la vida republicana.

A propósito de estos dilemas, hace unos días Julieta Montaño, jurista boliviana de prestigio, señalaba que el año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo que ha sentado jurisprudencia en el caso de controversias que tocan asuntos privados y que directa o indirectamente comprometen intereses de orden público. El fallo se tramitó en años ante una denuncia hecha por dos periodistas argentinos contra el presidente Carlos Saúl Menem sobre la existencia de un hijo extramatrimonial y presuntos favores económicos y políticos recibidos por la madre.

Otro aporte del pensamiento feminista tiene que ver con la constatación empírica de que las políticas de desarrollo o cualquier acontecimiento que altere la coyuntura política no tienen un efecto neutral sobre hombres y mujeres. De hecho, cualquier controversia que afecta la vida pública o privada de personajes ligados directa o indirectamente al accionar político impacta diferenciadamente sobre las mujeres y los hombres involucrados. Su manejo está profundamente marcado por estereotipos y prejuicios que colocan a las mujeres bajo un juicio severo revelando su naturaleza misógina, sexista y a veces profundamente racista.

Ejemplos patéticos y vulgares de este tipo abundaron estos días. La atracción por la farandulización machista de un reciente escándalo además de la respuesta que, a modo de pregunta espetó una diputada del MAS para minimizarlo, (“¿Cuantas cholas habrán tenido el Tuto, Berzaín, Costas?”) naturaliza y concibe a la mujer como objeto sexual (o victimadora) del poderoso, dejando en el aire varios temas pendientes para reflexionar e interpelar.

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