Bajo la premisa de que la atención al referéndum constitucional del 21 de febrero terminará cuando se conozcan sus resultados y éstos estén fuera de toda discusión, es posible pensar que recuperará importancia el establecimiento de una agenda de trabajo que ayude a normalizar la administración estatal y pueda convertirse en una guía para el mediano plazo.

Además de la atención que las autoridades deberán prestar a una serie de sectores con cuyos representantes acordaron negociar demandas una vez realizado el referéndum, hay temas que merecen atención y que los propios resultados de la consulta ciudadana exigen no demorar más en hacerlo.

Entre ellos hay tres que tienen prioridad: la adopción de recaudos para enfrentar la crisis económica que afecta a muchas regiones del planeta y que comienza a sentirse en el país. Sin una adecuada concertación entre el Estado y la sociedad, sus efectos pueden ser muy peligrosos, por lo que es aconsejable abandonar actitudes de soberbia y avenirse a dialogar en forma transparente con la sociedad para marcar un rumbo certero.

Otro, el tema de la justicia, cuya crisis es total como incluso reconocen las autoridades del Gobierno central, al punto que el Primer Mandatario ha ofrecido convocar a una cumbre para tratarlo y que se realizaría en abril. El desafío es que haya apertura a un debate nacional y no se trate de una reunión de adeptos interesados sólo en garantizar sus propios intereses, como ya ha sucedido con el nombramiento de las máximas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, con las consecuencias que todos conocemos. Por ello, evitando el peligro de corporativizar el debate, convendría al país y al propio Gobierno impulsar un gran diálogo nacional, con amplia y plural participación, y parámetros de trabajo claros.

Relacionado con el punto anterior, está el tema de la corrupción que se convierte en el talón de Aquiles de todos los gobiernos de la región porque parecería que hay una incapacidad estructural para combatirla. Parte del problema es que en este campo las lealtades y las confrontaciones partidarias se imponen, lo que garantiza el reino de la impunidad. Mientras los gobiernos en funciones busquen sancionar a los adversarios por reales o presuntos actos de corrupción, y sean permisivos con los adherentes, el terreno para su comisión seguirá siendo fértil porque los corruptos se sentirán amparados por el poder.

Pero, como se observa en el país y, en general, en la región, cuando se traspasa todo límite y el poderoso se siente habilitado para no rendir cuentas, también crece el rechazo y, por tanto, comienza a socavarse la legitimidad creada, entre otros factores, por promesas de lucha contra la corrupción.
Se trata de temas de índole estatal que deben ser encarados con lucidez y visión de largo plazo, actitud que se hace más viable si se confirman –como los números parecen indicar– que no se modificará la Constitución, pues se podrá abordar estos y otros temas sin tener el pensamiento dirigido casi exclusivamente en la reproducción en el poder o en cómo llegar a él.

Lo que ahora corresponde es concentrar la atención en una agenda común alrededor de temas de índole estatal que deben ser encarados  con lucidez y visión de largo plazo