Confirmando una tendencia que ya es muy común en todas las democracias modernas, las encuestas de opinión pública, así como el conteo rápido de votos, han sido factores de principal importancia en el referendo realizado el pasado domingo en nuestro país. A tal punto que en la etapa del cómputo de votos llegó a darse más credibilidad a los datos difundidos por las encuestadoras que a los del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y se daba por sentado que los datos oficiales debían coincidir con los previstos por éstas y no al revés, como debería ser.
Felizmente, esa situación no llegó a dar lugar a un conflicto de grandes dimensiones por una sola razón. Es que punto más, punto menos, las previsiones de las empresas encuestadoras coincidieron con un asombroso margen de precisión con los cómputos oficiales. De no haber sido así, el desenlace del proceso seguramente sería sin duda muy diferente, lo que debe dar lugar a una reflexión sobre los factores que han conducido a la democracia boliviana a tan peligrosa situación.
Al hacerlo, habrá que comenzar por identificar como causa principal del problema a la falta de confianza de la ciudadanía en el OEP y sus principales brazos operativos como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los departamentales. Desconfianza que se debe a los malos antecedentes acumulados durante los últimos años y a las múltiples deficiencias que aún no han sido subsanadas, por ejemplo, en el Padrón Electoral, a lo que se suma la renuencia a proceder a una auditoría rigurosa, como no se cansan de exigir gruesos sectores de la opinión pública nacional y de recomendar los organismos internacionales como la OEA y Unasur.
Entre las malas experiencias a las que nos referimos, se destaca sin duda la descarada usurpación de la voluntad popular en Chuquisaca y Beni, y parcialmente en Tarija durante las pasadas elecciones subnacionales. Fue un acto delictivo de máxima gravedad que no fue sancionado con el rigor que ameritaba, lo que dejó sembrada la duda sobre la imparcialidad de los actuales miembros del TSE.
En tales circunstancias, resulta inevitable que cada acto electoral quede ensombrecido por la incertidumbre y la desconfianza, lo que a su vez da lugar a que la ciudadanía busque llenar la falta de información confiable con los datos obtenidos por empresas encuestadoras y difundidos por los principales medios de comunicación.
Sin embargo, y a pesar de que la coincidencia entre los resultados oficiales y los previstos por las encuestas avala la calidad de su trabajo y renueva la credibilidad y confianza que merecen las empresas encuestadoras reconocidas y los medios que las difunden, no se debe perder de vista que no se trata de instrumentos de los que se pueda esperar total precisión. Y si bien es cierto que no se puede sustituir los datos oficiales con las aproximaciones hechas a boca de urna o mediante métodos de conteo rápido, no es menos cierto que la única manera de evitar esa confusión de roles es que el OEP recupere la confianza de la ciudadanía. Difícil desafío que felizmente, como se ha podido ver durante los últimos días, está siendo encarado con decisión por sus actuales miembros
La única manera de evitar la confusión de roles a la hora de informar sobre los resultados es que el OEP recupere la confianza de la ciudadanía, de modo que nadie crea más en una encuesta que en un informe oficial
