Desde hace muchos años escribo sólo sobre temas relacionados con el estado y el progreso de la ciudad, convencido de que una de nuestras pocas fortalezas es la riqueza arquitectónica, histórica y cultural, que promueve el turismo. Sin embargo, el tema de hoy, aunque es también de Sucre, no tiene que ver directamente con los aspectos mencionados, sino con la necesidad de que la justicia se imponga en esta otrora Audiencia de Charcas, sede de la Academia Carolina y actualmente del Poder Judicial.
Algo que nos hiere a todos los ciudadanos es el estigma que se nos ha creado de “racistas”, lo que ningún chuquisaqueño de bien está dispuesto a aceptar, porque no hay razón alguna para estar divididos con nuestros hermanos del campo.
Lo que ocurrió ese fatídico 24 de mayo es absolutamente censurable por el vejamen a algunos campesinos y todos sabemos que no fue obra de nosotros, los sucrenses. Basta recordar que los universitarios son, en su mayoría, gente del campo que viene a la ciudad en busca de una formación profesional, que es acogida con cariño. Fueron ellos los que lideraron la movilización, fueron ellos los muertos de La Calancha y son ellos los castigados por el “rigor de la ley”, junto a otros ciudadanos y ex autoridades que cometieron el pecado de defender su patria chica, la democracia y la libertad.
La lucha por la capitalidad plena dejó muchas heridas, la llamada guerra federal nos quitó por la fuerza la sede de dos de los tres poderes del Estado y resulta que pretender recuperarla había sido un pecado de lesa humanidad. Muchos no compartían la idea de pretender la capitalidad plena, como es mi caso, convencido como estoy que lo máximo que deberíamos pretender es el retorno del Poder Legislativo. Las razones económicas y políticas que sustentan este criterio, están ampliamente detalladas en mi libro titulado “Mis dos pasiones: mi ciudad y mi país”.
En todo caso, las reivindicaciones regionales serán siempre tales y nada ni nadie podrán oponerse a una lucha cívica para lograrlas, como lo hacemos todos los bolivianos unidos por el tema del mar, que también nos fue arrebatado por las armas. A muchos molesta la comparación, pero aún ellos no pueden dejar de reconocer que como la fuerza no da derechos, en ambos casos hay evidente similitud.
Los sentenciados ya tuvieron su castigo, también injusto, pues todas las semanas pasaron su calvario desde hace muchos años viajando a Padilla para defenderse, porque el proceso fue insólitamente trasladado allá con costo económico y especialmente humano. Nada valió, salió la condena a sabiendas de que los culpables son otros que están en libertad y, en algunos casos, ocupando cargos públicos de diferente nivel.
No dejan de escucharse referencias a “lo hecho por los sucrenses” que “el mundo nunca podrá olvidar”, en programas de radio y televisión o en intervenciones públicas de altos funcionarios de gobierno que, de tanto repetir una mentira, parece que creen que es verdad. Nunca aceptaremos esa versión los ciudadanos que hemos vivido y observado de cerca esos acontecimientos y que por lo tanto conocemos la verdad.
Ojalá que llegue el día en que respetando los diferentes criterios como lo permite la democracia, podamos vivir tranquilos trabajando por el bien común, unidos los del campo y los de la ciudad, con los mismos derechos y amparados por la misma ley. Sin embargo, mientras llegue ese día, por la sentencia que han recibido los juzgados recordamos aquel dicho atribuido a Quevedo que dice que “en un país donde no hay justicia, es un peligro tener razón”.
