El país exige una explicación

La sucesión de mentiras y contradicciones en que han incurrido importantes autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo sobre la relación del Presidente del Estado con una ciudadana que, a su vez, trabajaba en una empresa china que se ha beneficiado de contratos con el Estado por un monto de alrededor de 550 millones de dólares, ha llegado a niveles intolerables y ha afectado, en forma directa, la investidura presidencial.

Paralelamente, la decisión de los legisladores oficialistas de obstaculizar las investigaciones sobre presunto tráfico de influencias, las denuncias de falsificación de documentos, las órdenes de arresto, las abiertas o veladas advertencias e incluso la actuación de las más importantes autoridades del Ministerio Público en el caso, más parecen dirigidas a evitar que se investigue el fondo de las denuncias, buscando chivos expiatorios que más allá de su propia participación en éstas, han sido abandonados a su suerte.

No es un factor menor la total falta de sensibilidad humana demostrada por los funcionarios del Estado responsables del mencionado discurso oficial sobre el tema, que privilegian una actitud servil antes que la de ser leales colaboradores de quien –que es otra faceta del problema integral— les ha dado la oportunidad de beneficiarse del goce del poder y que saben que sólo por su voluntad pueden continuar con este usufructo.

A lo anterior se debe sumar la profunda frustración de cientos de miles de ciudadanos que desde 2005 han apoyado al proceso de cambio dirigido por el Primer Mandatario y el MAS, que puede sucumbir, precisamente, por la frivolización de quienes circunstancialmente administran el Estado boliviano.

En ese contexto, ya nada de lo que digan los funcionarios de Estado en este complejo drama es creíble. Más bien, sus declaraciones sólo sirven para hacerlo más sórdido de lo que ya es, y afectar aún más la investidura presidencial. Por ello, es un deber cívico y de responsabilidad con el país y la democracia, pedir al Presidente del Estado que ofrezca a la ciudadanía una clara explicación de lo sucedido, asuma sus responsabilidad política y presente un programa de reconducción estatal, con colaboradores leales y dignos, de manera que pueda recuperar la confianza de la gente y generar las condiciones básicas para culminar esta su gestión en forma debida.

Por último, incluso si fuera verdadera la versión de que esta campaña es apoyada por intereses foráneos como sostienen las autoridades, la explicación presidencial adquiere más importancia aún, porque otra arista de este tema es que la imagen internacional del Primer Mandatario y el Gobierno se ha deteriorado mucho.

El presidente Morales debe comprender que sólo a través de una explicación como la que se reclama podrá revertir la perversa pedagogía que fundamentalmente los jóvenes, hombres y mujeres, están recibiendo en estos momentos y que se traduce en el abandono de básicos principios de convivencia ciudadana y acción política que, hay que recordar, fueron enarbolados por el Presidente y el MAS en sus campañas para, primero, alcanzar el poder y, luego, reproducirse en él, en aras exclusivo de su frívolo goce.

Ya nada de lo que digan los funcionarios de Estado en este complejo drama es creíble. Más bien, sus declaraciones sólo sirven para hacerlo más sórdido de lo que ya es, y afectar aún más la investidura  presidencial

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