El año pasado y en los primeros meses de este año, las noticias sobre la economía del Brasil no han sido buenas. En 2015 el Producto Interno Bruto cayó en un 3.8% en comparación con el año anterior. Por primera vez desde 1930, la economía exhibe un crecimiento negativo por dos años consecutivos. También el año pasado, el consumo de las familias se contrajo en 4%.

La moneda siguió debilitándose y, al mismo tiempo, surgió una creciente presión inflacionaria. Entre tanto, el desempleo llegó, en febrero, a 8.2%. Se calcula que, entre febrero y marzo, 428 mil personas quedaron sin trabajo. La caída del empleo fue más pronunciada en las regiones metropolitanas, como Sao Paulo, en donde el índice de cesantía fue del 9.3%.

Según se explica en el diario Folha de Sao Paulo, el año 2015 “presentó graves problemas fiscales y políticos, que afectaron la confianza de los consumidores y empresarios”. Subieron el desempleo y la inflación y, en este momento, el “país se dirige a una de las más extensas recesiones” de su historia.

Las noticias sobre la política tampoco son buenas, en particular para el Partido de los Trabajadores (PT) y para la presidenta Dilma Rousseff. El pasado domingo, al término de una ruidosa reunión, la Cámara de Diputados aprobó la apertura de un “juicio político” contra la Presidenta. El “sí” a favor del “impeachment” contó con el voto de 367 diputados y el “no” con el voto de 137.

En este momento, el trámite se encuentra en el Senado el cual, por una mayoría simple de sus integrantes, podría aprobar que el proceso continúe. De ser así, la Presidenta sería suspendida de su cargo hasta que, en el plazo de 180 días, concluya el juicio en la Cámara Alta. Para sancionar a la Presidenta se requiere el voto a favor de dos tercios de los miembros del Senado. De lograrse este resultado, Dilma Rouseff quedaría destituida y el actual vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pasaría a completar el mandato de la Presidenta.

Sin embargo, el posible sucesor está también amenazado con un “impeachment” o con la probable anulación de su elección en el 2015. En este momento está pendiente en el Tribunal Superior Electoral un pedido para “revocar” el mandato de Dilma y de Temer por haber recibido, según los denunciantes, apoyo económico de grupos privados en contraposición a lo dispuesto por la ley electoral. En consecuencia, si la Presidenta es destituida, el país ingresará en una grave inestabilidad política.

Por esta razón, en los últimos días, ha cobrado fuerza, en los círculos dirigentes del PT, incluidos los miembros del gabinete ministerial, la idea de que lo mejor sería dar por terminado el mandato de los actuales mandatarios y convocar a nuevas elecciones generales. Esta opción requiere que el Congreso, en el marco de sus competencias, discuta y adopte las medidas que sean pertinentes.

La tumultuosa sesión de la Cámara de Diputados, el pasado domingo, así como la fuerte politización que se ha impreso al asunto, han hecho olvidar cuáles son los motivos por los cuales se solicitó el “impeachment” contra Dilma Rousseff. En ningún caso ha sido acusada de “corrupción”. Se dice que es “responsable” de violar normas fiscales con el fin de “maquillar” el déficit fiscal. Y para no pocos, es dudoso si esta falta sea razón suficiente para la destitución de la Mandataria. No sorprende, por consiguiente, que en el Brasil se haya producido, como señala un comentario de la BBC, una clara división entre quienes creen que “sería justo destituir a la Presidenta” y quienes piensan que “sería una injusticia o hasta un golpe de Estado”.

Según la opinión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el eventual “juicio político” tiene que ser el resultado de “actos y hechos” de dos dimensiones: una jurídica y otra política. En primer lugar, es la Constitución la que determina si los actos de que se acusa a la Presidenta configuran un “delito de responsabilidad”. En segundo lugar, es forzoso preguntarse si el “gobierno tiene fuerza o no para gobernar”. “Cuando se juntan estas dos cosas –subraya el ex mandatario– es muy difícil evitar el impeachment”. Sin embargo, hay que reconocer que se trata de un proceso “violento” pues contrapone la voluntad del pueblo a una decisión político-jurídica del Congreso.

Para un analista, como Marcus Ianoni del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal Fluminense, el proceso iniciado en el Congreso es una “amenaza a la democracia”. La “confusión motivacional” en la que incurrió la mayoría de los diputados que se pronunció por el “sí” al “impeachment” refleja la intención de llevar adelante, más que nada, un “golpe político contra un régimen democrático”.