Hace 23 años las Naciones Unidas proclamó el 3 de Mayo como el Día Mundial de la libertad de expresión, para celebrar sus fundamentos, evaluar la situación en la que se encuentra, defender los “medios” de atentados contra su independencia, rendir homenaje a periodistas que perdieron la vida cumpliendo su deber y reafirmar la voluntad de preservarla.

¿Para qué sirve la libertad de expresión? Básicamente; para el descubrimiento de la verdad, para la autorrealización personal y para la participación democrática.
Saber la verdad –no la verdad absoluta, que es una cuestión privada– implica conocer en democracia, todos los elementos posibles que puedan ser relevantes para que cada uno pueda formar su propio criterio sobre determinados intereses de carácter público. De ahí viene el sentido de pluralidad o pluralismo que proclaman las democracias como forma de gobierno. La verdad es constitutiva de la libertad de expresión, y al ser a la vez la libertad de expresión fundamento de las democracias, es entonces una cuestión netamente política. No es atribución exclusiva de los periodistas, aunque sí se los reconoce como sus abanderados. Es un derecho de todos, de cada uno de nosotros.

Pero esto no siempre funciona así. Casi nunca los ciudadanos de a pie podemos ejercer a plenitud nuestra libertad de expresión, y lo que es peor, no saber la verdad ni por aproximación. Encadenada por el poder, la verdad es la manipulada expresión que el poder inunda en los medios como verdad absoluta.

La libertad de expresión viene perdiendo su sentido por la manipulación, arrastrando a la democracia a una infravaloración. Todo lo que se diga contra el gobierno es mentira y antidemocrático. En cambio, lo que nos dice el Presidente y sus ministros, es verdad y tiene valor democrático. Nadie puede criticar al gobierno muy a pesar de que la libertad de expresión protege todo tipo de discursos al margen de su contenido o de la valoración de mayor o menor aceptación social. Las mentiras no son parte de la libertad de expresión. No contribuyen a la participación democrática.

Las Naciones Unidas dicen que “la presunción general de cobertura tiende a proteger no sólo la difusión de las ideas e informaciones que sean recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también de las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población, puesto que así lo exigen los principios de pluralismo y tolerancia propios de las democracias”.

Los periodistas, los medios y gran parte de la ciudadanía en general nos sentimos acorralados, intimidados por falta de garantías para el ejercicio de una plena libertad de expresión, acechada y amenazada por una sensibilidad extrema e incomprensible de aquello que se debe entender por discriminatorio, recurso al que apela el oficialismo para amenazar a la libertad de expresión con judicializarla. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. “Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.