La descomposición de la cúpula civil-militar que gobierna Venezuela ha ingresado, al parecer, en una fase muy crítica, siendo la crisis energética y la generalizada corrupción los catalizadores de su deterioro económico-político.
Los cortes de electricidad, las largas filas y la escasez de alimentos y medicinas conforman un escenario de caos e inminente explosión social. Al mismo tiempo, la oposición intenta activar un referéndum revocatorio que los gobernantes tratan de impedir o retrasar lo más posible, bajo serias amenazas a quienes lo secunden, y se pronostica un inflación del 481 por ciento que el próximo año podría llegar a 1.642 por ciento. Para agravar aún más este escenario, encuestas serias afirman que sólo un 25 por ciento de la población respalda al actual mandatario.
La novedad reside en que parecería que el estamento militar –el más beneficiado del socialismo del Siglo XXI– se encuentra en crisis por la existencia de dos corrientes en su seno. Una, que apoya al gobierno y, la otra, que habría decidido no asumir el costo de acciones represivas, por lo que han comenzado a surgir nombres de jefes militares y denuncias sobre supuestos procesos conspirativos.
En ese escenario, el gobierno intenta limitar las atribuciones del Poder Legislativo a través de un servil Tribunal de Justicia, violentando groseramente la Constitución de ese país y aprovechando el silencio de los países de la región y los organismos de integración regional.
El enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo es tal que la bancada chavista del Parlamento venezolano, compuesta por 54 de los 163 escaños, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia un amparo que declare inválidas las últimas tres sesiones de la Asamblea Nacional, incluyendo sus decisiones legislativas y políticas.
De ser concedido el amparo solicitado por el chavismo se declararían nulas las sesiones de las dos últimas semanas a lo largo de las que se han aprobado la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, un informe sobre "la crisis alimentaria de Venezuela", y el voto de censura del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, que implicaría su destitución.
En este marco, un enfoque más global permite ver en esta crisis, que algunos analistas califican de terminal, que no hay peligro más grande para el sistema democrático y la pacífica convivencia, que la obsesión por reproducirse en el poder a como dé lugar, pues ésta siempre termina conduciendo a las naciones a la violencia.
No hay peligro más grande para el sistema democrático y la pacífica convivencia, que la obsesión por reproducirse en el poder a como dé lugar
