Cada año la Organización de Transparencia Internacional publica un Índice de percepción de la corrupción (IPC). Este listado es elaborado por un grupo de expertos que analiza varios estados del mundo, para obtener la clasificación de los países en función de la percepción de corrupción del sector público. Como bolivianos debemos lamentar que por varios años, nuestro país se ha situado entre los primeros puestos de los países más corruptos de América Latina, según la percepción de la población.
Tácito, un filósofo griego, dijo alguna vez: “Cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene”, y efectivamente esta frase no dista mucho de la realidad, toda vez que de un sencillo análisis de nuestra legislación, podemos fácilmente percibir que Bolivia cuenta con vasta normativa para los más variados y distintos temas. Sin embargo de aquello, ¿por qué este mismo ciudadano que pareciera estar protegido por tanta ley, siente que su país es corrupto?, y la respuesta es casi obvia, ya que no basta con tener a la mano un sinnúmero de leyes, si las mismas no pueden ser efectivamente aplicadas.
Ejemplificando lo recién mencionado, vemos que nuestra actual C.P.E., a la fecha cuenta con 411 artículos, en comparación a los 235 artículos de la anterior, y a pesar que nuestra actual carta magna fue promulgada después de la Asamblea Constituyente del año 2007, y que se suponía pondría fin a todos los males por los cuales estaba atravesando nuestro país desde la época de la colonia, en los hechos muy poco o nada realmente ha cambiado. Máxime si al revisar el texto constitucional anterior y el actual, se notan muchos más artículos sí, pero únicamente porque se ha ingresado a procedimentalizar muchos de los anteriores y se ha ampliado el espectro de los otros, pero en el fondo mantiene la misma estructura de su antecesora y esa de las anteriores, no llegando a cambiar casi nada la vida del ciudadano común.
De igual manera, se supone que en materia laboral, contamos con una de las normativas más extensas y que mayores beneficios da a los trabajadores, pero a la vez es de extrañar los recientes hechos con la empresa estatal Enatex, empresa que fue en un inicio creada por el estado, como ejemplo de una empresa gubernamental productiva, la cual ha tenido que ser cerrada por no haber podido demostrar su beneficio económico y ha dejado en la calle a muchos trabajadores, que ahora se encuentran en constante protesta, por estar supuestamente vulnerados en sus derechos laborales, por parte del estado, con esa medida.
Por otro lado, en materia impositiva, tenemos según varios han calificado, uno de los infiernos fiscales más duros, no sólo para la empresa privada, sino también para todos los sectores que deben rendir tributos, no por nada nos encontramos igual, dentro de conflictos con el transporte y otros sectores que a la fecha no han dado solución a sus pedidos.
Cada día, nos vemos bombardeados de publicidad tanto del Ministerio de Comunicación como de Finanzas, donde se nos explica los tantos beneficios que los discapacitados tienen según la normativa y las varias opciones laborales que el gobierno boliviano les da, pero contradictoriamente tenemos un conflicto con los discapacitados que a la fecha ha quedado sin resolver.
Con este panorama, no es de extrañar que ciertamente la solución para la corrupción como uno de los grandes males endémicos de nuestro país, no sea la creación de más leyes, que únicamente quedan en papeles y articulados, pero que no llegan a los ciudadanos de a pie. No por nada, la poca o nula credibilidad que ha generado los resultados de la reciente Cumbre Judicial, que nuevamente propone modificaciones constitucionales y legales, pero que no es capaz de demostrar la relación inversamente proporcional entre más leyes y menos corrupción.
Definitivamente los bolivianos ya no queremos más leyes, simplemente deseamos que las que tenemos se apliquen de manera correcta y que no se genere mayor inseguridad jurídica, justamente al seguir modificando leyes.
